POR MARIELA CASTAÑÓN
mcastanon@lahora.com.gt
De acuerdo con el Sistema Penitenciario (SP) 120 personas privadas de libertad tienen el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); sin embargo, la Red Legal y su Observatorio de Derechos Humanos VIH y Premar, consideran que el número de personas con VIH puede ser mayor, pues no todos los detenidos saben que padecen la enfermedad o temen decirlo debido al estigma que aún persiste. En tanto, quienes tienen sida –condición causada por el VIH que ataca al sistema inmunológico– enfrentan varios desafíos cuando necesitan salir de la prisión o ingresar sus medicamentos; estos últimos suelen ser confundidos con drogas no permitidas en los centros carcelarios.
LOS CASOS, EL SILENCIO Y EL ESTIGMA
Los datos reflejan que de las 120 personas privadas de libertad que tienen VIH, 103 son hombres y 17 mujeres. (Lea el recuadro: Cárceles que resguardan al mayor número de personas con VIH).
Sin embargo, a criterio de Rocío Samayoa, coordinadora técnica de la Red Legal, la estadística podría representar un subregistro, pues no todas las personas con VIH revelan su situación, por temor al estigma.
“Muchas personas no se hacen la prueba o no revelan que son VIH positivos por el estigma, por la discriminación, por el desconocimiento de la infección o por violencia contra ellos mismos”, argumenta Samayoa.
Edith Ochoa, del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), que registra 40 casos de sus representados con VIH, coincide con Samayoa, pues detalla que no todos los detenidos informan sobre su situación, hasta que se registran emergencias, como la que documentaron en octubre del año pasado.
“Existe un dato sombra que no se conoce por el estigma, es la misma persona la que no quiere que se sepa, pero por eso –el silencio– empiezan a tener problemas de salud. Algunos llegan a niveles donde peligra la vida. El proceso de sacar de emergencia a un recluso que necesita auxilio médico inmediato es difícil”, argumenta.
Ochoa explica: “En octubre del año pasado yo iba a presentar una exhibición personal a favor de mi defendido, porque teníamos que sacarlo de emergencia por una enfermedad respiratoria, pero cuando se le realizó una evaluación integral se detectó que era VIH positivo y que no estaba tomando antirretrovirales, porque no había dicho nada”.
CONFUSIÓN CON DROGAS Y TRASLADOS A HOSPITALES
El estigma y la discriminación no son los únicos desafíos que enfrentan las personas privadas de libertad que viven con VIH, pues a esto se suma la confusión con drogas que puede surgir por el ingreso de sus medicamentos. Por otro lado también surgen algunos inconvenientes cuando deben ser trasladados a hospitales más grandes.
Según la Red Legal, los protocolos de seguridad en las prisiones contrastan con la atención en salud que deben recibir las personas que tienen VIH.
Por otro lado, de acuerdo con la Red, el IDPP y ONU Sida, debido a las alianzas estratégicas y las coordinaciones entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, los privados de libertad sí reciben sus antirretrovirales.
Rocío Samayoa, de la Red Legal, dice que las gestiones para el ingreso de los medicamentos de las personas privadas de libertad con VIH se han realizado con los jueces, pero la dificultad está con algunos guardias, por ello también se trabaja el tema con ellos.
“Se ha solicitado de parte de los abogados defensores permisos especiales a los jueces para la permanencia de los medicamentos, porque un problema que tenemos es que dicen que son drogas y que no pueden tener drogas en los centros. El Ministerio de Gobernación (Mingob) tiene toda la accesibilidad, el problema es con los guardias, que es –un tema– más interno, por eso hemos trabajado con la Escuela de Estudios Penitenciarios. Tenemos una carta de entendimiento donde nosotros les explicamos el tema de VIH, estigma y discriminación”, dice Samayoa.
Por otro lado, debido a que algunos reos en etapa terminal necesitan mayores cuidados y requieren ser trasladados a los hospitales más grandes, es decir a los de la capital, resulta difícil sacarlos. La Red Legal ejemplifica que en ocasiones es necesario traer al departamento de Guatemala a detenidos desde la Granja Canadá en Escuintla, pero esto conlleva una serie de trámites que pueden ser burocráticos. Mientras se decide quién autoriza el permiso para que el reo salga, algunos han muerto.
Por eso, según Víctor Fernández, coordinador de la Comisión de Incidencia de la Red Legal, han propuesto en la iniciativa de Ley de respuesta a las personas que padecen VIH y en el marco de los derechos humanos, conceder la libertad controlada a los enfermos en etapa terminal.
DEPENDE DE LA GRAVEDAD
Nicolás García, director del SP, explicó que las personas con VIH tienen asegurados sus antirretrovirales, debido a que el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (Hivos) firmó un convenio con el Mingob. Las autoridades proporcionan los medicamentos a las personas afectadas por VIH, aunado a realizar las pruebas que los privados de libertad deseen realizar para conocer si padecen o no esta enfermedad.
García fue consultado sobre la burocracia para el traslado de los privados de libertad a los hospitales más grandes. Según él, esta decisión se toma con base a los análisis de los médicos de las clínicas de las cárceles, quienes deben determinar el estado de salud del detenido.
“Aunque tenga o no tenga esa enfermedad, depende de la afección, de la determinación de presentarlos a un centro hospitalario. En aquellos casos donde hay convulsiones, fiebre alta y el médico y enfermero dicen que no es controlable, de inmediato se autoriza al director del centro para que lo traslade con la custodia respectiva a un hospital. Depende de la gravedad de la persona, lo que determina su evacuación a un hospital”, explica.
VIH EN GUATEMALA
ONU Sida estima que en Guatemala hay unas 55 mil personas que viven con VIH, pero solo el 40 por ciento conoce su diagnóstico. (Lea la entrevista: Director de ONU Sida: Estimaciones indican que hay 55 mil personas viviendo con VIH).
Por otro lado, actualmente el Ministerio de Salud atiende a 13 mil 77 pacientes con VIH, entre adultos y niños. En tanto, hay 16 unidades de atención integral que están ubicadas en diferentes hospitales nacionales.
Las unidades que también brindan esta atención, pero que no son parte del Ministerio de Salud son: el Hospicio San José, Sanidad Militar y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En tanto, la cartera de Salud atiende a la población carcelaria por medio de un convenio tripartito entre Hivos, que es una organización internacional, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Gobernación. Hivos apoya con la capacitación del recurso humano y reforzó instalaciones para atender los casos de VIH positivo, el Ministerio da la normativa, el tratamiento y visitas calendarizadas, y el Mingob proporciona las instalaciones y otros insumos.
Según el Ministerio de Salud, anualmente invierte en medicamentos antirretrovirales: del fondo estratégico Q52 millones 233 mil 903.08, por medio de compras locales Q925 mil 934.22, para hacer una inversión total de Q53 millones 159 mil 837.30
Director de ONU Sida: Estimaciones indican que hay 55 mil personas viviendo con VIH
Ricardo García, director de ONU Sida en Guatemala, concedió una entrevista a La Hora y explicó las estimaciones de personas que viven con VIH, las medidas de prevención en las cárceles, así como las metas que puede trazarse el país para prevenir y atender la situación.
La Hora ¿Qué medidas de prevención se pueden implementar para evitar el VIH en las cárceles?
Ricardo García. En las personas privadas de libertad hay que tener en cuenta el contexto en el que ellos o ellas vivían antes de llegar a una penitenciaría y las condiciones de vida que ofrece donde están recluidos para aumentar, disminuir o mantener un mismo nivel de riesgo o vulnerabilidad.
El hecho de que en la mayoría de nuestros centros penitenciarios, en países latinoamericanos hay sobrepoblación, hacinamiento desde la condición de detención hasta la eventual condición de convictos que son dos situaciones diferentes, hace que haya probabilidades de tener relaciones sexuales consentidas o no consentidas, aumentan el riesgo de adquirir la infección por VIH, sobre todo si en el Sistema Penitenciario del país en cuestión no hay programas orientados a brindar información adecuada sobre las formas de transmisión, a suministrar condones tanto masculinos como femeninos.
Y si los programas no tienen componentes educativos orientados al personal de vigilancia o personal carcelario administrativo para aclarar puntos que pueden parecer obvios, que muchas veces son mitos con relación a las formas de transmisión y para reducir el nivel de estigma y discriminación que está presente en gran parte de estos sitios de reclusión por parte del personal de la guardia, de vigilancia, con relación a las personas recluidas, máxime si dentro de las personas recluidas hay población de la diversidad sexual, este es un punto muy álgido.
Las personas de la diversidad sexual que están privadas de su libertad viven condiciones de franca estigma, de violencia sexual, de discriminación y de sexo no consentido. Estoy hablando en términos generales de resultados de estudios que se han hecho sobre el VIH en las cárceles y en años anteriores. También es bueno tener claro que esta problemática era más aguda y más fuerte en años anteriores.
En la mayoría de los países de la región se han puesto en marcha programas de prevención directamente a cargo de los servicios de Salud que tiene el Sistema Penitenciario, o a través de organizaciones no gubernamentales o en alianzas entre los ministerios de Salud y de los ministerios de Defensa o Seguridad, donde esté adscrito el Sistema Penitenciario nacional, a través de las alianzas del sector Salud que facilita los medios para que promueva la realización de la prueba en el contexto carcelario y se garantice el acceso a medicamentos antirretrovirales y se lleven programas de educación, información, comunicación en forma permanente, sostenida, dirigidos a la población privada de libertad, como a la población de seguridad de las cárceles.
L. H. ¿En qué consiste el trabajo de ONU Sida en el país?
R. G. ONU Sida ha apoyado en dar respuestas, en dar los lineamientos y las propuestas globales para la respuesta mundial. Apoyar en las oficinas de países nacionales, interactuando con los programas nacionales de sida, generalmente están los Ministerios de Salud, como con otros agentes de gobierno, Ministerio de Educación, de Relaciones Exteriores y con mucha importancia se da interacción con las organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de estas décadas de epidemia, las organizaciones de la sociedad civil han consolidado un papel importante en propiciar intervenciones preventivas a sus pares, es importante trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, conformadas por las personas de los grupos de poblaciones más afectadas, como son hombres que tienen sexo con hombres, la población de las mujeres transexuales, la población de mujeres trabajadoras sexuales y organizaciones juveniles que tengan trabajo en ámbitos comunitarios, o sea que ONU Sida trabaja en coordinación directa con las organizaciones de la sociedad civil y con instituciones de gobierno.
L. H. ¿Cómo evalúan el abordaje del VIH en Guatemala?
R. G. La situación de Guatemala es común a la situación de la mayoría de los países de la región latinoamericana, y en particular de la subregión centroamericana. Tradicionalmente en Guatemala, desde que se creó ONU Sida, hemos tenido oficina en el país y aquí hay cooperación bilateral de la Unión Europea, del gobierno español y muy particularmente del gobierno de Estados Unidos, a través del programa Pasca, que es un programa de cooperación a la respuesta centroamericana.
Guatemala ha dado respuesta enmarcada a los planes diseñados por el gobierno en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de la cooperación internacional. En los últimos años Guatemala ha tenido la situación clara: ha garantizado el acceso a medicamentos antirretrovirales de las personas que lo necesitan, aunque ha afrontado en más de una ocasión episodios de desabastecimiento y eso ha hecho que haya crisis relativa en algunos períodos. Entiendo que en los últimos años los desabastecimientos han sido muy esporádicos, a veces puede haber desabastecimiento de un medicamento, pero cada vez la posibilidad de acceder a pruebas y a tratamiento ha sido garantizada progresivamente por el Estado guatemalteco.
Desde el año 2015, ONU Sida ha propuesto dar respuestas nacionales e iniciar una fase de aceleración a la respuesta orientada a controlar la epidemia para el año 2030, para eso ONU Sida le ha propuesto a los países que se establezcan metas nacionales en prevención y en acceso a pruebas diagnósticas y en acceso a pruebas y tratamiento antirretroviral y estas pruebas se conocen como 90, 90, 90 que quiere decir que se le propone a los países que en el año 2020, el 90 por ciento de las personas que tienen VIH conozcan su diagnóstico; y de este número por lo menos el 90 por ciento tengan acceso a tratamiento permanente; y de este número a su vez, el 90 por ciento no tengan carga viral circulando en su sangre. Si los países se acercan a estas metas en 2020, es muy alta la probabilidad que en la siguiente década se logre llegar al control total de la epidemia.
Guatemala hizo el ejercicio de acordar las metas nacionales en el año 2015, ONU Sida apoyó el proceso, pero realmente el desafío es muy grande porque la estimación actual es que alrededor del 40 por ciento de las personas que viven con VIH en el país conocen su diagnóstico, hay un desafío de un 60 por ciento.
La propuesta es intensificar los esfuerzos para facilitar el acceso a la prueba en todo el país con énfasis a los grupos más afectados, las poblaciones que les mencioné antes y garantizar el acceso a antirretrovirales y atención integral, una vez se consiga el diagnóstico. Si van a aumentar las personas diagnosticadas, obviamente las necesidades de tratamiento antirretroviral van a aumentar y el país tiene que estar preparado para eso, ese es un desafío que se ve en el corto y mediano plazo.
L. H. ¿De cuánto podría ser la inversión que se necesitaría para estas personas, actualmente, o a corto plazo?
R. G. Un estudio que culminamos a mediados del año y que se ha compartido con los diferentes ministros: de Salud, de Finanzas, con el Presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, estima que consiguiendo una reducción de precios de los antirretrovirales cercana al 30 por ciento de lo que se está pagando ahora, el país necesitaría incrementar en un 25 por ciento anual, los recursos que está asignando a la respuesta nacional.
Para unos 5 años, el monto aproximado de los recursos necesarios está alrededor de unos US$500 millones.
L. H. ¿Hay estimaciones de cuántas personas viven con VIH en Guatemala?
R. G. Las estimaciones oficiales están alrededor de 55 mil personas viviendo con VIH en el país.
Cárceles que resguardan al mayor número de personas con VIH
Según el SP, 120 personas viven con VIH en las cárceles guatemaltecas. Las prisiones que resguardan al mayor número de privados de libertad con VIH son:
1. El Centro de Detención Preventiva para Varones, ubicado en la zona 18 capitalina, con 20 casos.
2. Granja Penal Canadá, ubicada en Escuintla, con 17 casos.
3. Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes en el departamento de Guatemala, con 16 casos.
4. Granja Penal Cantel, localizada en Quetzaltenango, con 13 casos.
5. Cárcel de Puerto Barrios, ubicada en Izabal, con 11 casos.
6. Cárcel para Mujeres Santa Teresa, localizada en la zona 18 capitalina, 7 casos.
La legislación vigente detalla que nadie debe ser obligado a realizarse la prueba de VIH si no quiere. Una persona privada de libertad tampoco debe ser aislada o discriminada por vivir con VIH.
