SEATTLE
AP
Varios alcaldes demócratas de grandes ciudades estadounidenses que tenían desde hace tiempo una fría relación con las autoridades migratorias federales dijeron el lunes que harán todo lo que puedan para proteger a sus vecinos de la deportación, pese a las promesas del presidente electo, Donald Trump, de retener millones de dólares de dinero de los contribuyentes si no colaboran.
Bill de Blasio, en Nueva York; Rahm Emanuel, en Chicago, y Ed Murray, en Seattle, son algunos de los regidores de «ciudades santuario» que han intentado tranquilizar a la población inmigrante preocupada por los planes de Trump.
«Seattle siempre ha sido una ciudad hospitalaria», dijo Murray el lunes. «Lo último que quiero es que empecemos a entregar a nuestros vecinos».
En Providence, Rhode Island, el alcalde Jorge Elorza, hijo de inmigrantes guatemaltecos, dijo que mantendrá la política local de no retener a personas acusadas por infracciones civiles en nombre de agentes federales de inmigración. Ras Baraka, de Newark, dijo lo mismo y añadió que la retórica de Trump sobre inmigración «da miedo».
Durante la campaña, Trump dio un discurso sobre inmigración en el que prometió «poner fin a las ciudades santuario» y dijo que aquellas «que se nieguen a cooperar con las autoridades federales no recibirán dólares de los contribuyentes». El entonces candidato republicano atribuyó «muchas muertes innecesarias» a políticas como las de esas ciudades.
Trump no detalló sus planes para presionar a las ciudades, y en una entrevista con «60 Minutes» emitida el domingo dijo que la prioridad inmediata de su gobierno será deportar a delincuentes y asegurar la frontera.
Pero aún quedan preocupación y preguntas considerables sobre su estrategia ante las ciudades santuario.
No hay una definición legal del término, al que se oponen algunos defensores de la inmigración, que señalan que no refleja que la gente sigue pudiendo ser deportada. En general se refiere a jurisdicciones que no cooperan con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). Eso puede suponer, por ejemplo, que no notifican a la agencia de inmigración cuando un inmigrante sin permiso de residencia va a salir tras una detención.
Algunas ciudades como San Francisco se declararon hace tiempo como refugios seguros para los inmigrantes y emiten tarjetas de identificación locales que les dan acceso al gobierno y servicios públicos. También se ha empleado el término para ciudades que prohíben a sus empleados, incluida la policía, preguntar por la situación migratoria de una persona, con el argumento de que las víctimas de delitos y los testigos pueden ser más reacios a hablar con los investigadores si tienen miedo de ser deportados.
Como no se puede obligar a estados y ciudades a vigilar el cumplimiento de las leyes federales, y no hay ninguna ley federal que requiera a la policía que pregunte por la situación migratoria de la gente, es probable que cualquier esfuerzo de Trump de presionar a las ciudades santuario se centre en aquellas que se nieguen a cumplir las peticiones del ICE, explicó Roy Beck, director ejecutivo de NumbersUSA, que quiere reducir el nivel de inmigración.
Tampoco está claro qué dinero puede retener Trump a los ayuntamientos. El Supremo de Estados Unidos ha determinado que para que el Congreso imponga condiciones sobre la recepción de fondos federales a los estados, las condiciones deben guardar una relación razonable con el propósito de ese dinero. Por ejemplo, los federales amenazaron con retener fondos para autopistas a cualquier estado que no aplicara un límite concreto de alcohol al volante. Tanto el límite como el financiamiento de autopistas estaban relacionados con la seguridad en carreteras.
