Oscar Clemente Marroquín
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La crisis del transporte pesado, consecuencia de la disposición municipal de ampliar los horarios de restricción para que los camiones puedan circular en la jurisdicción del Municipio de Guatemala, hay que entenderla en el marco del olímpico desprecio que ha habido por el mandato constitucional contenido en el artículo 231 de la Carta Magna, que literalmente dice: “Región Metropolitana. La Ciudad de Guatemala como capital de la República y su área de influencia urbana, constituirán la región metropolitana, integrándose en la misma el Consejo Regional de Desarrollo respectivo. Lo relativo a su jurisdicción territorial, organización administrativa y participación financiera del Gobierno Central, será determinado por la ley de la materia.”
Uno de los muchos aspectos que se debieron considerar en el marco del concepto de la Región Metropolitana es el de un Anillo Periférico Metropolitano que permita la fluida circulación de todo tipo de vehículos sin tener que entrar a la ciudad. La falta de una vía de ese tipo es la que obliga a todos los transportistas a tener que meterse por las congestionadas calles y avenidas de la capital de la República y de manera muy concreta, al Municipio de Guatemala. Ese proyecto se ha considerado como de urgencia por la mayoría de urbanistas y de planificadores que entienden no solo las complicaciones que implica carecer de él, sino que además el incremento en los costos de transporte que se traduce en perjuicio para la actividad económica del país.
A lo largo de los 36 años desde la promulgación de nuestra Ley Fundamental, ese precepto se ha ignorado deliberadamente y nadie, ni el Congreso llamado a emitir la ley respectiva, ni los municipios que debieran conformar la Región o el Gobierno Central, ha movido un dedo para avanzar en la dirección correcta a fin de disponer de un instrumento operativo que permita una planificación eficiente que no se limite a los linderos municipales. El Municipio de Guatemala ha sido completamente desbordado y la existencia de varios otros municipios que forman parte del área metropolitana se convierte en una seria limitación para resolver de manera integral los problemas de una gran ciudad.
Obviamente, al conformarse la Región Metropolitana las respectivas autoridades municipales que la constituyen tendrán que adaptarse a una nueva estructura legal en la que la planificación de temas como el de los servicios públicos esenciales y la red vial, tendría que ser coordinada para alcanzar el fin de promover el bien común en beneficio de todos los habitantes de la gran región metropolitana, obligando a erradicar la estrecha visión que pueda existir en cada una de las administraciones edilicias.
De todas ellas, la de Guatemala es la única que ha tenido absoluta continuidad a lo largo de estas tres décadas y media y por lo tanto es la que más debió haber hecho para impulsar el cumplimiento de la norma constitucional. Sin embargo, existen egos que no están para trabajar en equipo ni para ser parte de un todo y precisamente por esas desviaciones personales es que el tema de la Región Metropolitana fue sencillamente escabechado a pesar de la clara disposición constitucional.
