Juan Antonio Mazariegos G.

El país entra hoy al noveno día de paro en el transporte pesado, promovido por la Gremial de Pilotos del Transporte Pesado en contra de las medidas de restricción de circulación adoptadas por el Concejo Municipal de la Ciudad de Guatemala.

Si bien el éxito o seguimiento de la medida del paro no es posible determinarlo, existen ya muchas voces de distintos sectores que claman por una solución a un problema que se radicalizó y que pone en riesgo la economía nacional en general. El principal problema a mi juicio radica en que no existe en la actualidad ningún acercamiento entre las partes principales en conflicto y tampoco la voluntad del Gobierno de intervenir de manera decisiva en la situación. Corresponde a la Municipalidad y a la Gremial involucrada el tratar de resolver el asunto, si no se atiende ese llamado al diálogo o no hay voluntad de esas partes en solventarlo corresponde al Gobierno tomar cartas en el tema pues el problema ya sobrepasó por mucho los límites de la Ciudad de Guatemala y se convirtió un problema nacional.

El presidente Morales indicaba ayer en declaraciones vertidas al diario Prensa Libre que se encontraba sin jurisdicción para actuar, esta afirmación a mi juicio no corresponde pues la libertad de locomoción y de trabajo de muchas personas está en juego por la falta de acuerdo de las partes en conflicto y el Presidente puede intervenir en el conflicto buscando una solución.

La circulación en la Ciudad es difícil y sin duda el que no haya transporte pesado en las calles en las horas pico facilita la vialidad de la Ciudad, sin embargo, no se puede atribuir esa falta de circulación únicamente al transporte pesado, hay muchos otros factores, incluyendo la ausencia de planificación, de infraestructura, el exceso de vehículos ligeros, la ausencia de transporte público de calidad para los ciudadanos, la seguridad y otro sinfin de factores que sin duda restan vialidad a la Ciudad y en contra de lo cual también se deberían de tomar medidas.

El problema del tráfico es enorme, seguro no se solventará con solo ampliar el horario de restricciones al transporte pesado, es hora de pensar en un distrito central que integre soluciones más hallá del ámbito puramente municipal y que tenga jurisdicción sobre esos problemas que con suma facilidad se transforman de problemas locales a problemas nacionales como el actual.

Es posible para el Gobierno actuar y debe hacerlo, la ley de orden público lo permite y también puede sentar a la partes a negociar, este asunto ya sobrepasó la jurisdicción municipal por mucho.

Artículo anteriorRumorología nuclear
Artículo siguienteLa Constitución valió gorro