Javier Monterroso
De acuerdo a dos encuestas de opinión diferentes la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) es la institución en la que más confianza tienen los guatemaltecos, esto ya de por si es muy grave, pues como bien sabemos es una institución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conformada principalmente por personal extranjero y presidida por un Comisionado colombiano, sin embargo eso refleja el grado de desconfianza que tenemos los guatemaltecos hacia las instituciones del Estado.
Hay que reconocer que el comisionado Iván Velásquez le ha dado un enorme impulso a la CICIG sacándola del pantano de la ineficiencia y anonimato en la que se encontraba, y que la CICIG por medio de la investigación del Caso “La Línea” fue el verdadero motor de la crisis del 2015, mucho más que el Ministerio Público, las movilizaciones ciudadanas o la Embajada de EE. UU.
Pero, además del Caso La Línea hay muchos otros en los cuales está involucrada la CICIG, menos conocidos para la población pero no por ello menos importantes, por ejemplo “Cooptación del Estado”, “La Coperacha”, “Redes” “Plazas Fantasma”, etc., en todos ellos hay políticos, empresarios, y funcionarios del Estado involucrados; y a pesar de que algunos de ellos se encuentran entrampados en el Organismo Judicial en las últimas semanas se han emitido condenas en dos casos de CICIG sin lugar a dudas paradigmáticos.
En primer lugar la condena contra la jueza Jisela Reynoso por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, si bien la condena a 6 años de prisión inconmutables por lavado y 5 años de prisión conmutables por enriquecimiento ilícito pareciera ser leve (pues con la redención de penas la jueza podría salir libre en un par de años), no solo es la primera condena en Guatemala por enriquecimiento ilícito desde que se aprobó la Ley contra la Corrupción en el año 2012, pero además al ser una jueza la primera condenada se manda un mensaje sumamente importante al Organismo Judicial.
En segundo lugar la condena apenas la semana pasada del expresidente del Congreso Gudy Rivera a 13 años de prisión inconmutables por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, nuevamente nos encontramos ante una condena paradigmática no solamente porque es la primera condena por tráfico de influencias, delito que también fue tipificado apenas en el año 2012, sino porque fue contra un diputado que en su momento ejerció una gran cuota de poder, otro mensaje poderoso para el Congreso de la República.
Sin embargo hay una gran cantidad de casos que la CICIG está llevando ante los tribunales de justicia y sigue tomando aún más casos, incluso algunos en los que su presencia es cuestionable, pues no parecieran ser parte de su mandato, creo que la CICIG debería analizar seriamente si no está tomando más de lo que puede abarcar.
