Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
En nuestro país existen personas y sectores que a través de los últimos 50 años se han enriquecido de forma exorbitante, creando monopolios u oligopolios con los que acaparan el mercado de productos alimenticios.
Han sido tan beneficiados que han podido diversificar su capital y abarcar no solo la producción alimenticia, sino han incursionado también en la telefonía, en la construcción de viviendas y edificios y en la generación eléctrica, donde poseen una o varias hidroeléctricas.
Aun así, no se satisfacen y continúan incrementando los precios de los productos que venden para satisfacer la canasta básica alimenticia en mercados, supermercados y restaurantes.
Recientemente, una de las periodistas más conocidas en Canal Antigua ha realizado un documental donde se refiere a la importación de huevos, aceite, pasta dentífrica, cereales y demás productos en los municipios y departamentos colindantes con México, haciendo notar que cada día más los productos que se venden en dichas plazas, como por ejemplo Quetzaltenango, son productos traídos de México por el crimen organizado, según ella, y no por una red tipo hormiga donde cientos de personas importan pequeñas cantidades que revenden a mucho mejor precio que los mismos productos en el mercado nacional, ofreciendo huevos a la mitad de precio, aceites, pasta dentífrica, detergentes, leche, etc., etc., con igual o mejor calidad que la que se ofrece la producción nacional.
Cuando se habla de libre mercado tiene que aceptarse que la competencia es la que rige y la que ofrece al consumidor los bienes al mejor precio, con igual o mejor calidad y que el Estado, especialmente el Ministerio de Economía, no debe convertirse en perro guardián de los millonarios que no quieren reconocer que sus productos: huevos, harina, aceites y detergentes no pueden costar en el país el doble de lo que cuestan en el vecino México.
Los Tratados de Libre Comercio son para fomentar el intercambio comercial y si una pasta dentífrica de la misma marca y por consiguiente producida en ambos países por la misma transnacional cuesta el 50% menos de un lado que del otro lado de la frontera, la respuesta es obvia; el consumidor está en todo el derecho de buscar la economía familiar.
Lo más que puede pretenderse es que el producto pague IVA y el Estado reciba un 12% sobre el producto que se importa, lo mismo se le aplica a los huevos, al aceite y a las harinas y cereales que se consumen de forma rutinaria.
En un reciente viaje a México comprobé en el Distrito Federal que efectivamente todos los precios de la canasta básica alimenticia eran mucho menores que los que tiene que pagar un guatemalteco en la capital de nuestro país.
Por tanto, no importa cuántos documentales se hagan, cuántas declaraciones se produzcan de los industriales y sus representantes, la verdad es una sola y no puede taparse con todos los dedos de la mano, ya no digamos con uno.
Lo natural es que se bajen los precios y no se continúe lucrando, aumentando la concentración de la riqueza en detrimento de la gran mayoría que es el consumidor.
¡Guatemala es primero!
