Juan Francisco Reyes López
jfrlguate@yahoo.com
El Congreso de la Republica en cumplimiento a la ley, ha electo periódicamente a un Procurador de los Derechos Humanos, quien se rodea de una serie de colaboradores profesionales y administrativos, cuya única responsabilidad es velar por el respeto de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República, las leyes vigentes y los tratados internacionales que Guatemala ha suscrito y ratificado.
Actualmente vemos aparecer periódicamente en los medios de comunicación al Procurador y a algunos de sus colaboradores; sin embargo, las acciones concretas y los resultados de las mismas prácticamente no se ven.
El costo de vida en Guatemala se incrementa de forma paulatina todos los años y si comparamos el precio de todos y cada uno de los alimentos que integran la canasta básica alimenticia como lo son los huevos, las pastas, el pollo, los aceites y todos y cada uno de los 25 productos alimenticios de dicha canasta, comprobaremos su permanente y paulatino incremento.
Lo mismo acontece con los medicamentos, donde los importadores, droguerías y farmacias, así como hospitales privados, se sirven con la cuchara grande. ¿Y qué hace el Procurador? En síntesis, nada. Hay una gran diferencia en materia de fiscalización entre Guatemala y los países latinoamericanos como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua y México.
Por qué no se denuncia a las autoridades del Ministerio de Economía que más bien son representantes de los productores e importadores; por qué no se comparan los mismos productos en su calidad y precio con los de países latinoamericanos, donde no solo los precios son mucho más bajos sino aquel productor que no ofrece precios competitivos y se pone de acuerdo creando monopolios de hecho es fuertemente sancionado
La procuraduría es igual que un gato gordo que ronronea y se sienta a tomar el sol, se regocija tomando el sol; es decir, saliendo en la prensa pero no efectuando ninguna acción concreta para evitar los abusos que sufre la gran mayoría de guatemaltecos que no tienen la riqueza para poder pagar la canasta básica alimenticia o los medicamentos que su familia requiere ante una enfermedad.
A su vez el Congreso de la República, especialmente la comisión de derechos humanos deja pasar y deja hacer o no hacer a su comisionado; es decir, al Procurador de Derechos Humanos, quien debería ser una CICIG local y con su actuar corrigiera todos los abusos que se cometen en contra del consumidor y que en buena parte son el motivo de la desnutrición de nuestros niños, la razón por la que enfermarse es un lujo que no puede pagar más del 95% de los guatemaltecos y que tampoco recibe servicios a través del Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Que importante sería que todos y cada uno de los diputados, especialmente los miembros de la Comisión de Protección al Consumidor, actuaran y obligaran al Procurador de los Derechos Humanos y a todos los que integran dicha institución a ser una fiscalía como lo es actualmente la Fiscalía General de la Nación, solo así podríamos decir que el pueblo tiene a sus representantes velando por ellos.
¡Guatemala es primero!
