POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La propuesta en las reformas al sector justicia de crear un Consejo Nacional de Justicia, el cual estaría integrado por delegados del Ejecutivo y Legislativo, ha originado la crítica de académicos y organizaciones sociales al considerar que “se viola la independencia judicial”.
La propuesta ya es analizada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, presidida por el diputado Oliverio García Rodas.
Según se establece, el Consejo tendría como competencia la formulación, gestión y ejecución de las políticas de modernización y fortalecimiento judicial, administrativas y financieras del Organismo Judicial (OJ).
No obstante, para Javier Monterroso, académico del Instituto de Estudios Comparado en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), al integrarse el Consejo por un delegado del Ejecutivo y Legislativo, respectivamente, se incurre en una violación de la independencia económica y funcional del OJ.
“El artículo 205 constitucional reconoce al OJ la independencia económica, que significa que puede manejar los recursos como mejor le parezca, y la independencia funcional, que implica donde va a crear un Juzgado especializado, por ejemplo. Ni el Ejecutivo ni el Legislativo tienen que meterse en sus decisiones, por eso son tres poderes distintos”, manifestó.
Según Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), la injerencia de poderes en asuntos de Justicia no es algo nuevo, sino viene sucediendo desde la creación de las Comisiones de Postulación.
“Aquí en Guatemala parece que aún sigue siendo complejo poder buscar esa independencia absoluta”, manifestó.
MECANISMO DE FISCALIZACIÓN
La Fundación Myrna Mack, por medio de su representante Andy Javalois, manifestó durante una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que se debe fiscalizar las labores que realice este consejo, a efecto de que no se perjudique al sistema de justicia entero.
Samayoa coincidió en la importancia de la fiscalización social, y agregó que será conveniente que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puedan recibir informes y solicitar auditorías para observar cómo se maneja el proceso administrativo, sin tomar decisión.
Monterroso dijo que, de ser aprobada la creación del Consejo, todas las reuniones, actas y sesiones, así como el proceso de selección de magistrados y jueces, deben ser públicos y contar con la participación y fiscalización social.
LO CORRECTO
Lo correcto de la propuesta, según los analistas, es la creación de una dirección de la carrera judicial y procesos de formación, selección y depuración de personal del OJ, ya que con esto se promueve la separación de las funciones jurisdiccionales y administrativas.
Para el efecto, el Consejo se integraría por jueces y personal dedicado exclusivamente a las funciones políticas y administrativas.
