POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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El proceso de extradición de Allan Marroquín, exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), sindicado por el caso TCQ, se avizora complicado debido a las circunstancias por las que fue detenido y las acciones interpuestas por su defensa para evitar su traslado a Guatemala.
El Ministerio de Gobernación aún no ha sido notificado de forma oficial sobre la captura de Marroquín en Estados unidos, debido a que la detención fue producto de su situación migratoria irregular y no del caso de corrupción por el que es señalado en Guatemala.
El ministro de Gobernación, Francisco Rivas, dijo desconocer si las autoridades de la Organización Policial Internacional (Interpol por sus siglas en inglés) ya se contactaron con las autoridades estadounidenses para ejecutar la orden de captura de Marroquín.
Otro obstáculo que complicaría la pronta extradición del exinterventor de EPQ es el trámite de asilo que inició el sindicado para no retornar al país, donde es buscado por su participación en el caso TCQ.
En mayo pasado, se presentó una solicitud de detención provisional con miras a extradición en contra de Marroquín.
El trámite se realizó a través de la embajada guatemalteca en el país norteamericano y a petición del Juzgado B de Mayor Riesgo; sin embargo el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que hasta la fecha no ha obtenido una respuesta a dicho requerimiento.
El Ministerio Público (MP), por su parte, informó que, en el momento en que el exinterventor sea entregado al país, se procederá a imputarle ante el juez competente los hechos por los cuales se solicitó la orden de detención.
Fuentes del Juzgado B de Mayor Riesgo señalaron que tampoco tienen información oficial sobre la detención del sindicado.
INVESTIGACIÓN
De acuerdo con las investigaciones del MP y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Marroquín participó de la firma de un contrato entre la empresa Terminal de Contenedores Quetzal, S.A. (TCQ) y la EPQ.
Dicho acuerdo cedía a TCQ un terreno de 34 hectáreas para operar. El proyecto contemplaba tres fases de desarrollo que implicaban unos 255 millones de dólares, según las investigaciones.
Con el contrato, los entes de investigación afirmaron que se pretendía aparentar que TCQ dotaría al Puerto Quetzal con “avances tecnológicos”. Sin embargo, las pesquisas demostraron que los principales beneficiados serían el exbinomio presidencial, Otto Pérez y Roxana Baldetti, quienes cobrarían comisiones del 60%, y Juan Carlos Monzón, quien cobraría comisiones del 40%.
Marroquín fue designado como interventor de EPQ por Pérez Molina en enero de 2012. La justicia guatemalteca lo busca por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
