POR CLAUDIA PALACIOS
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A través de un comunicado, autoridades indígenas rechazaron “el propósito de algunos sectores” de utilizar el reconocimiento de la justicia indígena como un pretexto para “confundir, meter miedo y hacer fracasar las reformas hacia una mejor justicia en Guatemala”.
Miguel de León Ceto, miembro de la Alcaldía de Nebaj, una de las instituciones firmantes del comunicado, explicó que la eliminación de las Comisiones de Postulación, la limitación de las funciones de la Corte Suprema de Justicia y la implementación de la carrera judicial son algunos de los temas incluidos en las reformas que causan incomodidad entre ciertos sectores, ya que les quitarían los privilegios que hasta ahora han tenido. Sin embargo, debido a que no pueden declararse abiertamente en contra de estos cambios, utilizan el tema del pluralismo jurídico para desprestigiar a las reformas.
“Nosotros pensamos que el propósito de estos sectores es bajarse las reformas constitucionales, utilizando lo poco que se habla del pluralismo jurídico en las reformas constitucionales como pretexto para confundir a la población y que no vote a favor de las reformas. Nosotros queríamos decir eso porque no queremos que nos utilicen y que sigan confundiendo a la comunidad, y desprestigiando, y menoscabando a la autoridad indígena, que siempre ha existido”, dijo.
La propuesta de reformas constitucionales incluye una modificación al artículo 203 para reconocer las funciones jurisdiccionales de las autoridades indígenas de conformidad con sus propias instituciones, normas, procedimientos y costumbres, siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados dentro de la Constitución y a los derechos humanos.
SE DESNATURALIZÓ PROPUESTA
Juan Castro, de la Asociación de Abogados Mayas, explicó que durante las discusiones para la elaboración de las reformas el sector empresarial desnaturalizó la propuesta de pueblos indígenas con la inclusión de una reforma transitoria, según la cual debe establecerse un tribunal de conflictos de jurisdicción que determinará qué sistema conocerá los casos.
“En los diálogos -para las reformas constitucionales- que convocó el Estado, el CACIF llevaba una línea en todas las mesas, que era el disenso. Si una persona no estaba de acuerdo con algo, hay disenso. Y si hay disenso no se puede. Se hicieron esfuerzos grandes para llegar a un mínimo de consenso, aunque se desnaturalizó la primera propuesta de los pueblos indígenas – con relación al reconocimiento del derecho indígena – porque esta propuesta de crear un tribunal de conflictos de jurisdicción no se habló en casi ninguna de las mesas, no es producto del debate. Eso lo establecieron ellos porque tienen muchos miedos”, indicó.
La propuesta final de reformas constitucionales al sector justicia se entregó el pasado 6 de octubre al Congreso de la República que decidirá su aprobación.
