POR MARIELA CASTAÑÓN
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Tras trece días de permanecer clausurada, la casa cerrada Extravaganza ubicada en la 3ª. calle 13-03 del Barrio Moderno en la zona 2, volvió a funcionar. El Ministerio Público (MP) informó que la apertura fue por orden de juez, sin embargo, en el Organismo Judicial (OJ) se informó que esa medida se dejó a discreción del MP.

Luego de varias denuncias de vecinos que informaban sobre la reapertura de la casa cerrada, La Hora constató que Extravaganza volvió a funcionar desde el 7 de octubre. Esta fue cerrada el 23 de septiembre.

En el lugar fueron removidos los sellos fiscales que advertían sobre el cierre de la casa. También se entrevistó a residentes que confirmaron la apertura del lugar de 5 de la tarde a 3 de la mañana.

Este vespertino consultó a la portavoz del MP, Julia Barrera, quien explicó que la casa cerrada fue abierta por orden de la jueza suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Noemí Peña.

De acuerdo con Barrera, la Fiscalía contra la Trata de Personas apeló la reapertura, así como la falta de mérito dictada a Enyelber José Ortega Cardona, propietario de la casa; Lubia Carolina Valladares Peñate esposa de Ortega y la trabajadora Gloria Marina Boch Boror, sindicada por los delitos de promoción, facilitación y favorecimiento a la prostitución.

Según la Fiscalía, la jueza emplazó al MP para que entregara el inmueble al dueño del negocio.

A DISCRECIÓN DE MP

Por otro lado, fue consultado el OJ, sobre la reapertura de la vivienda y confirmó que la jueza le dio dos días al MP para que verificara la situación de la casa; dejó a “discreción” del ente investigador reabrirla o no.

El OJ también informó que el MP apeló la falta de mérito en contra de los tres capturados el 23 de septiembre, quienes actualmente gozan de libertad.

CAPTADAS POR ANUNCIOS DE PRENSA

El 3 de octubre, La Hora publicó el reportaje: “Así explotaron a 15 mujeres en la casa cerrada Extravaganza”, donde se informó que las jóvenes que trabajaban ahí eran reclutadas por anuncios de prensa como meseras y posteriormente eran usadas para la explotación sexual.

Por testimonios de las mujeres rescatadas en un operativo realizado por la Sección contra la Trata de Personas de la Policía Nacional Civil (PNC), se conoció que el proxeneta de estas jóvenes, cobraba Q300 por cada actividad sexual que ellas realizaban, pero solo les daba Q100 o nada, pues argumentaba que le debían por el alquiler de la vivienda y de los servicios básicos.

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