Oscar Clemente Marroquín
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El licenciado César Augusto Toledo Peñate, originario de Mataquescuintla, fue un destacado profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos y en la administración de Meme Colom en la Municipalidad de Guatemala fue miembro muy reconocido del Departamento Jurídico y fue en ese tiempo que iniciamos una muy buena amistad. Él era amigo de mi padre, a quien conocía desde sus tiempos de juventud y esa añeja relación abrió la puerta para el trato tan cercano que tuvimos. Nos tocó, años más tarde, coincidir en el Consejo de Estado a donde yo llegué nombrado por la Asociación Nacional de Municipalidades y desde la primera sesión ocupamos curules contiguas.
Cuando con Amílcar Burgos trabajamos el proyecto de leyes políticas en donde por vez primera se habló de las comisiones de postulación, llegué con el Muñeco (como le decíamos a César Augusto) para compartirle la idea que pretendía sustraer del poder político la facultad de proponer los candidatos para integrar el Tribunal Supremo Electoral y tras la explicación de los motivos y de las bondades que yo veía en la iniciativa, me soltó la frase que hoy uso en el titular de esta columna. «Vea Oscar, me dijo, la idea es muy buena y no se me ocurre nada que pueda mejorarla para acabar con esos fraudes electorales que han sido tan corrientes en las últimas elecciones, pero le recuerdo la frase que escuchó de mi tantas veces en la facultad y en la Municipalidad, en el sentido de que para muchos de nuestros abogados, hecha la ley, hecha la trampa».
En otras palabras, más se tarda el legislador en estructurar la norma que, según él, puede resolver graves problemas sociales, que los «expertos» en encontrar la forma en que le pueden jugar la vuelta a las más ingeniosas ideas y eso me viene a la mente cuando leo la propuesta de reforma constitucional elaborada por la sociedad guatemalteca bajo los auspicios de la CICIG, del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos porque pienso en cómo los operadores del sistema estarán ya calibrando la manera en la que pueden utilizar esa nueva normativa para mantener cooptado al sector justicia como lo vienen haciendo desde las Comisiones de Postulación. Esas mismas que pretendieron que la academia decente, con el concurso de los colegios profesionales dominados por la mayoría honorable, fueran garantes de que las postulaciones fueran siempre a favor de los más notables del foro nacional, pero que terminaron siendo la razón para prostituir la academia y politizar a los colegios profesionales para garantizar la subsistencia de la impunidad.
Y me reafirmo en la idea de que la ventaja de los pícaros está siempre en la indiferencia de los honestos y de la gente decente. Los sinvergüenzas tienen siempre el arca abierta en la medida en que la gente contraria a la picardía y la corrupción se mantiene alejada de sus deberes cívicos.
Ojalá que ahora, con el debate que tiene que haber para forzar a que el Congreso actúe a favor de los intereses del país, esa ciudadanía decente no se enconche y que haga oír su voz para exigir un cambio que nos permita atacar el muro de la impunidad.
