POR KIMBERLY LÓPEZ
klopez@lahora.com.gt
Guatemala a pesar de ser un país económicamente sólido no ha podido garantizar avances en el desarrollo humano de la población, según las conclusiones del Informe de Desarrollo Humano titulado: “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar”.
Dicho informe fue presentado esta mañana por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La conclusión principal es que en Guatemala durante las últimas décadas se ha impulsado un modelo económico que no ha resultado en avances sustantivos para el desarrollo humano.
«Guatemala es el país con mejor estabilidad económica en Latinoamérica, pero registra a 6 de cada 10 personas viviendo en pobreza y un 76 por ciento de la población no cuenta con ingresos para cubrir los gastos básicos del hogar», se lee en el documento.
Una de las denuncias que hace el estudio es que el país ha priorizando la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) sobre la inversión en bienestar y capital humano. Las políticas económicas se han enfocado en impulsar sectores y proyectos que no necesariamente generan más
desarrollo humano y cuyos impactos en poblaciones y en el ambiente no obedecen a criterios de sostenibilidad ni inclusión.
VEN CONTRADICCIONES EN EL PAÍS
Estas condiciones provocan contradicciones en el país. Una de ellas es que a pesar del crecimiento económico, cada vez más empleos se vuelven vulnerables, con salarios bajos y sin protección social.
Según el PNUD, el 80 por ciento de la población indígena vive en pobreza y se ha registrado una reducción de la clase media de un 26% en el 2006 a un 21% en el 2014.
Otra de las situaciones paradójicas que muestra el informe, según explicaron representantes del referido Programa, es que aún con un alto potencial para la generación de energía renovable, la energía moderna y eficiente sigue siendo un bien inalcanzable para muchos.
Como ejemplo, hacen mención del caso de Alta Verapaz, que presenta el menor índice de cobertura eléctrica. No obstante, es el departamento con mayor número de hidroeléctricas y el segundo en potencia instalada para la generación de electricidad.
Finalmente, otro de los hallazgos del documento tiene que ver con el hecho de que aunque Guatemala es un país diverso y con gran riqueza natural, la distribución del uso del suelo no obedece a criterios de sostenibilidad ni soberanía alimentaria.
RECONOCE DEFICIENCIAS
Sobre las conclusiones y deficiencias del país señaladas en el Informe de Desarrollo, el presidente Jimmy Morales ratificó la veracidad de dicha evaluación.
Durante el acto de presentación oficial de los resultados del informe, Morales emitió un discurso en el que dijo que las conclusiones expuestas por el PNUD son muestra de «que garantizar el bienestar de las personas sigue siendo un asunto pendiente especialmente para la población indígena».
Sin embargo, en esa línea aclaró que no corresponde solamente a la figura presidencial atender las necesidades y asuntos pendientes en materia de desarrollo humano.
«No es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad yo juego el papel de ser el Presidente, pero todos tenemos un aporte que dar y una responsabilidad que cumplir», indicó.
A raíz de eso, Morales hizo mención de aquellas acciones en las que considera que se ha priorizado el desarrollo humano durante su gestión.
Las reformas al sector justicia y la convocatoria a diálogos intersectoriales fueron dos casos que el mandatario destacó como avances.
Sin embargo, dijo el Presidente, a su administración le ha faltado «capacidad de comunicar».
«Nos ha faltado una política de comunicación más eficiente, y no estoy hablando de publicidad; estoy reconociendo que no he tenido la capacidad de comunicar», manifestó.
Informe: Se registran 1 mil 476 conflictos agrarios
A partir de diciembre de 2015 se registraron 1 mil 476 casos de conflictos agrarios en el país principalmente en Petén, Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz, señala el Informe Nacional de Desarrollo Humano para Guatemala presentado este día por el PNUD.
El documento añade que a esto se suma el surgimiento de conflictos asociados al uso de los bienes naturales y los impactos sociales ambientales de proyectos energéticos y extractivos sobre los cuales generalmente hay información pública limitada para las comunidades afectadas.
Plantea que es preciso concebir políticas encaminadas a fortalecer la capacidad de gestión de los territorios.
