Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Esperar una mayoría que esté de acuerdo con el ciento por ciento de la propuesta de reforma constitucional para modificar la estructura del sector justicia sería absolutamente inútil y quizá hasta pendejo, no sólo porque se trata de un tema muy polémico con enormes intereses en juego, sino porque hay infinidad de detalles que a unos les pueden parecer indispensables aunque molesten a otros. El tema de la inmunidad (que va más allá del antejuicio) es uno de ellos, pero lo que tenemos que entender es que todo esto es un esfuerzo para atacar uno de los peores vicios del sistema guatemalteco, el de la impunidad, y que alrededor de ese propósito todos tenemos que cerrar filas por el daño que a la sociedad le hace esa aplicación selectiva de la ley, literalmente al gusto del cliente, destruyendo el estado de Derecho que es la esencia misma de la vida en paz.
Se trata, entonces, de definir un mínimo común denominador que nos pueda identificar a todos los miembros de la sociedad y alrededor de ello articular el gran consenso que ahora se deben consolidar. Es impresionante la forma en que el proyecto ha sido discutido por distintos actores sociales de todo nivel y me atrevo a decir que se trata de uno de los experimentos de concertación más significativos en la historia del país porque no se trata de un proyecto que se sacaron de la manga un grupo de notables, como generalmente ha ocurrido con las grandes decisiones nacionales, sino que es el resultado de intensas y profundas jornadas de discusión llevada a todas las comunidades para evitar el sesgo de una visión elitista.
No estamos acostumbrados al ejercicio de buscar acuerdos nacionales y nos domina la tendencia a la crítica que hace automático el rechazo a ciertas iniciativas, pero en este caso considero que es indispensable que conozcamos al detalle la propuesta que será discutida en el Congreso, con la idea de que es algo demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los diputados. Ciertamente ellos son los que tienen la potestad legal de aprobar o improbar la iniciativa, pero la sociedad tiene un papel que jugar siendo proactiva en este momento para hacer sentir la presión de un pueblo que realmente está convencido de que nada nos ha hecho tanto daño como el sistema de impunidad que es parte de nuestra larga tradición de injusticia.
Porque no hablaríamos de tanta corrupción, del pisoteo de tantos derechos individuales, de tanta violencia y criminalidad como la que afecta a todos los estratos de la población, sin la existencia de ese régimen de absoluta impunidad. Pero tarde o temprano, hasta los beneficiarios de ese vicio y los que se encargan de apuntalarlo, pueden ser víctimas o ver a algún pariente convertirse en víctima de los efectos de la impunidad, acaso en las manos de uno de los tantos grupos de sicarios que se organizan al amparo de la certeza de que en Guatemala es una rara probabilidad que un asesino termine pagando su crimen en la cárcel.
Las Comisiones de Postulación fueron una buena idea para sustraer la elección de autoridades judiciales del poder político, siempre mañoso, pero el resultado fue que se corrompió la academia, se crearon universidades de cartón para que sirvieran en la cooptación del poder judicial. Cambiar ese vicio debe ser un punto de partida.
