POR JOSÉ DEL ÁGUILA
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La presidenta electa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Organismo Judicial (OJ), Silvia Patricia Valdés Quezada, tendrá la responsabilidad de liderar un proceso mediante el cual se recupere la credibilidad de ese Organismo, luego de que varios operadores de justicia se han visto involucrados en hechos de corrupción, opinan analistas del sector justicia.
Para Édgar Celada, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la débil credibilidad de la población en la justicia tiene una de sus principales razones en los politizados mecanismos de elección de sus autoridades.
“Ella tiene un reto de credibilidad –la magistrada Valdés–. Esta CSJ, salvo excepciones, tiene una mancha de origen”, afirma, en relación a la elección de magistrados que se dio en septiembre de 2014 y que surgió de un acuerdo entre Libertad Democrática Renovada (Lider) y el Partido Patriota.
Es por ello, agrega, que el compromiso para recuperar la confianza en el Organismo Judicial no debe ser solo de la Presidencia, sino de todos los magistrados que integran la CSJ.
Celada cree que “la misma corte tiene que demostrar con hechos que los compromisos políticos que adquirieron cuando fueron elegidos por componendas entre el PP y Lider no pesa sobre su conducta en la Corte. Los asuntos que rodearon a esta presidenta le agregan a ella el desafío de recuperar credibilidad”, sostuvo.
A esta postura se adhiere Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, quien cuestiona qué tan comprometidos están los actuales magistrados con los sectores políticos que los eligieron.
“De todos ellos, la única que no fue electa –por componendas entre partidos políticos–, fue la magistrada María Eugenia Morales Aceña, pero de allí todos los demás tienen sobre sí la duda de cuán comprometidos están por los partidos que los eligieron. Los magistrados podrían creer que tienen una deuda con quienes los eligieron”, afirmó Ibarra.
EVITAR PRONUNCIAMIENTOS
La misma magistrada electa, además, debe evitar pronunciar su opinión personal sobre casos que se dilucidan en los Juzgados y Tribunales, opina Oswaldo Samayoa, analista del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Además de evitar cualquier tipo de pronunciamiento, Samayoa afirma que la nueva presidenta debe evitar dar instrucciones de “orden restrictivo”.
“Hay un punto clave y es que no debe disminuir el apoyo que se le ha dado a los jueces que están llevando estos casos –de alto impacto–. Cualquier acto de recorte de presupuesto y de personal no debe permitirse porque se va a entender que está tratando de influir”, sostiene el experto.
OPERADORES INVOLUCRADOS EN CONFLICTOS LEGALES
Varios operadores de justicia se han visto señalados de participar en hechos delictivos, entre ellos se encuentran: Douglas Charchal, magistrado de la CSJ; Jisela Reinoso, jueza de Primera Instancia Penal y Erick Gustavo Santiago de León, presidente de la Sala Regional Mixta de Apelaciones Civil de Quiché.
