Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Cuando se “recompuso” el Congreso con el acomodo de los viejos diputados en nuevas bancadas, como la de FCN-Nación, empezó a fraguarse la creación de una nueva aplanadora legislativa que ahora está funcionando a la perfección a partir de un acuerdo para repartirse equitativamente cada uno de los puestos que debían llenarse con la decisión del pleno del Organismo Legislativo y lo hemos visto claramente con las elecciones para llenar vacantes dejadas por la corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Quien desestime el trabajo que ha realizado el operador político del gobierno en el Congreso se equivoca, porque las cosas les están saliendo como las habían previsto.
Y es que entre los diputados todo es negociación y componenda, por lo que el funcionamiento de una aplanadora que incluye a los bloques más importantes, entre ellos la UNE, el Movimiento Reformador, TODOS y el oficialismo, termina siendo un conveniente instrumento que facilita las cosas. Y ahora, como colofón al esfuerzo que viene realizando la empresa APM Terminals para concretar su propósito de continuar con la Terminal de Contenedores Quetzal pese a la corrupción de su origen, será esa aplanadora la que se encargue de hacer realidad la concesión que permitirá el borrón y cuenta nueva en un tema que debiera ser motivo de vergüenza para nuestro país.
Se ha publicado que APM Terminals está conformando una importante fuerza mediante reuniones con varios columnistas, algunos de ellos identificados como de pensamiento socialista, para garantizar una corriente de opinión que respalde un acuerdo que tiene enormes bemoles, pero que surge, precisamente, de la forma en que lograron cooptar no solo a un oscuro interventor, sino que al mismo gobierno “ni corrupto ni ladrón” para que, bajo el argumento de que no podemos quedarnos sin puerto por una pequeñez como el soborno millonario que se entregó a Pérez Molina.
Yo siempre dije que si APM quería mostrar su inocencia tenía que dar pruebas inequívocas de su buena fe, pero eso nunca ocurrió porque ni siquiera retiraron las acciones legales contra la demanda de nulidad que planteó la PGN. En esto todo es compadre hablado y los términos de la propuesta que supuestamente hizo el interventor salieron precisamente de la misma empresa que está interesada en que los guatemaltecos nos hagamos los babosos frente al hecho de corrupción.
Una empresa del calibre de la que compró las operaciones de TCB no pudo hacer una adquisición de esa envergadura sin realizar estudios profundos sobre lo que estaban comprando y cuando se concretó la operación ya estaba en el tapete el tema del soborno por TCQ, lo cual no puede pasarse por alto. Si vemos fechas nos daremos cuenta que la compra se produjo cuando ya había indicios muy claros de la corrupción y una buena investigación de las condiciones de la operación hubiera abierto los ojos a cualquiera que realmente estuviera preocupado por la transparencia.
Pero como todo tiene arreglo, así como se conforma el grupo de comunicadores que tienen el encargo de defender la nueva componenda, ya está lista, también, la aplanadora para aprobar la concesión ad hoc.
