POR KIMBERLY LÓPEZ
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Según los registros del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), actualmente existen 255 unidades ejecutoras entre Ministerios y Secretarías. La responsabilidad de fiscalizar cómo se ejecutan estos recursos corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC). Sin embargo, el propio contralor Carlos Mencos reconoce que no cuentan con la capacidad de llevar un control del cien por ciento de estas unidades.
Desde la Presidencia de la República hasta las Secretarías y dependencias del Ejecutivo suman un total de 255 unidades ejecutoras. El Ministerio de Educación y el de Salud Pública son los que encabezan estas cantidades, con 83 y 53 unidades respectivamente. También el Ministerio de Gobernación tiene un número importante, de 38 unidades.
Según lo establece la legislación, es la Contraloría General de Cuentas (CGC) y en alguna medida el Ministerio de Finanzas, las instituciones que deben velar por el correcto uso de los recursos que se destinan a dichas unidades. Sin embargo, el papel protagónico recae en la Contraloría y a decir de analistas, hasta ahora el desempeño de esa institución ha quedado en deuda con sus responsabilidades.
“No tenemos la capacidad”
Carlos Mencos, titular de la CGC, declaró que hasta ahora han tratado de cubrir el mayor porcentaje de unidades y reconoció que fiscalizarlas todas en un cien por ciento “es imposible, no tenemos la capacidad pero estamos tratando de que no se queden recursos importantes”.
Según Mencos, una de las medidas que se están tomando es el remodelamiento de los sistemas informativos de monitoreo para mapear aquellos puntos que más recursos reciben de parte del Estado.
Ven serias deficiencias en papel de CGC
Los analistas y economistas Walter Figueroa y Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), coinciden en que existen deficiencias en el papel que ha desempeñado la CGC.
“Hay deficiencias, un ejemplo muy claro es todo lo que está saliendo a luz en los casos que está investigando la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): el Caso Cooptación del Estado, Caso La Línea, mucho de esto llegó a tener finiquito de la CGC”, asegura Barrientos.
Barrientos explica que para hablar de cambios en la forma en que se organizan estas unidades habría que hacer una reforma estructural del sector público pero para esto se debe buscar el fortalecimiento institucional de los entes fiscalizados y garantizar una aplicación estricta de las leyes.
“Lo que debería hacer la CGC es focalizar, identificar los casos con mayor riesgo a través de la tecnología, pero precisamente eso es lo que no hace y eso permite que un proyecto de 400 millones de dólares pase desapercibido”, agrega el analista y economista Erick Coyoy.
Frente a las críticas, Mencos asegura que “no es cierto” lo que le reclaman a la CGC. “No le puedo decir que somos la institución con mayor nivel de rendimiento pero estamos haciendo un esfuerzo extraordinario y creo que hemos ido evolucionando bastante bien”.
