Por DESMOND BUTLER y LORI HINNANT
WASHINGTON
agencia/AP
Investigadores que recopilan pruebas sobre la operación del grupo extremista Estado Islámico para secuestrar a miles de mujeres como esclavas sexuales dicen tener un caso para juzgar a los líderes de la milicia radical por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, lamentan no tener el respaldo internacional necesario para llevar a actuales detenidos ante una corte internacional.
Dos años después de la ofensiva del Estado Islámico en Irak, los investigadores, así como diplomáticos estadounidenses, sostienen que el gobierno de Barack Obama ha hecho poco para iniciar el procesamiento por delitos que el secretario de Estado del país, John Kerry, calificó de genocidio. Funcionarios actuales y pasados del Departamento de Estado apuntan que Defensa bloqueó un intento de presentar cargos penales por genocidio, obstaculizando los esfuerzos judiciales.
«Occidente busca el liderazgo de Estados Unidos en Medio Oriente y el enfoque de este gobierno ha estado en otras partes, en todo aspecto», dijo a The Associated Press Bill Wiley, quien encabeza un grupo independiente de investigación, la Comisión para la Justicia y Responsabilidad Internacional.
Autoridades en Washington apuntan que el Departamento de Defensa, y en última instancia el gobierno, estaban preocupados porque los juicios pudiesen distraer la atención de la campaña militar. Pero los diplomáticos argumentan que la justicia es esencial en una región cuyas minorías religiosas han sido aterrorizadas. Los funcionarios hablaron bajo la condición del anonimato porque no estaban autorizados a hablar del tema.
Washington no tiene obligación legal de iniciar un proceso por el homicidio de yazidíes, un grupo minoritario en Irak, pero el presidente Obama ha dicho que «prevenir atrocidades masivas y el genocidio es un interés central de la seguridad nacional y una responsabilidad moral fundamental para Estados Unidos».
Stephen Rapp, quien el año pasado renunció como embajador del gobierno estadounidense para crímenes de guerra, dijo que la administración tuvo que haber actuado antes para resguardar la evidencia de las atrocidades del Estado Islámico e impulsar la creación de tribunales especiales en Irak para juzgar crímenes de guerra.
«La prioridad para el gobierno estadounidense es ganar la guerra contra el Estado Islámico y destruirlos», dijo Rapp, quien ahora preside una comisión cuyos investigadores en Irak trabajan con el gobierno regional curdo para documentar formalmente los crímenes de ISIS —como se le conoce también al grupo— incluyendo los cometidos contra yazidies. «Ha sido profundamente decepcionante porque la idea de hacer a alguien responsable ha sido una prioridad menor».
La comisión investigadora que encabeza Rapp ha construido un caso que implica a toda la estructura de mando del Estado Islámico y un complot para secuestrar a mujeres y niñas yazidies y establecer un mercado de esclavas sexuales.
