POR SAIRA RAMOS
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Los altos funcionarios de cinco instituciones del Estado cobraron entre 2009 y 2015, Q95 millones 470 mil 857.98 por concepto de indemnización universal luego que ocuparon un cargo como magistrados, procuradores o directores. La millonaria suma se ha pagado pese a que la Constitución Política de la República admite que sean indemnizados solo los trabajadores del Estado que fueron despedidos sin causa justificada.
La Corte de Constitucionalidad (CC), de conformidad con el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil de ese organismo, otorga el derecho a los trabajadores de recibir una indemnización de tipo universal equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, por cualquier causa o causas de conclusión de su periodo.
La normativa establece que este no excederá de diez meses, calculando el salario por el promedio devengado durante los últimos seis meses.
Con base en esta ley interna, la CC pagó Q2 millones 343 mil 572.50 a los cinco magistrados titulares que ejercieron en el periodo de 2011-2016.
Los magistrados que recibieron la indemnización por la finalización del periodo constitucional son: Gloria Patricia Porras Escobar (actual magistrada) con Q581 mil 533.40; Mauro Roderico Chacón Corado y Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre (expresidente de la República en 2015) con Q396 mil 286.15 cada uno.
Además, Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto como magistrados titulares III y IV recibieron por separado Q484 mil 733.40, refiere la información.
Un magistrado presidente de la CC devenga un sueldo mensual de Q87 mil 230 y el resto de titulares Q72 mil 710.
ORGANISMO JUDICIAL
En 2015, el Organismo Judicial (OJ) pagó Q90 millones en concepto de indemnizaciones a trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y 126 magistrados de la Corte de Apelaciones, que ejercieron durante el periodo de 2009 a 2014.
El desembolso puso en aprietos al organismo, que solicitó de forma pública una ampliación presupuestaria para cumplir con el compromiso.
A inicios del año pasado, el entonces magistrado Vladimir Aguilar informó que se entregarían las indemnizaciones en siete u ocho pagos.
PROCURADURÍAS
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) pagó al exprocurador Sergio Fernando Morales Alvarado la cantidad de Q1 millón 068 mil 187.50 por concepto de indemnización universal, según la Unidad de Acceso a la Información.
A Morales Alvarado, la PDH lo indemnizó con Q544 mil 510.42 la primera vez que fue procurador en el periodo comprendido entre el 21 de agosto de 2002 y el 20 de agosto de 2007.
Además, lo indemnizó por segunda vez con Q523 mil 677.08 tras estar al frente de la Procuraduría en el periodo del 21 de agosto de 2007 al 20 de agosto de 2012.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación (PGN) utilizó Q157 mil 538.98 de su presupuesto para cubrir la indemnización universal que se entregó a tres de los últimos cuatro procuradores.
De acuerdo con la Unidad de Acceso a la Información, la PGN pagó Q60 mil 849.75 a Guillermo Antonio Porras Ovalle por haber ocupado la Procuraduría en el periodo 2009-2011, mientras que a Larry Mark Robles Guibert, procurador en 2011-2013, le entregó la cantidad de Q30 mil 452.66.
Los datos oficiales refieren que a Vladimir Osmán Aguilar Guerra (exmagistrado de la CSJ) se le entregaron Q66 mil 236.57 de indemnización por estar al frente de la PGN de enero a noviembre de 2014.
Aguilar Guerra y Robles Guibert fueron denunciados en el Ministerio Público (MP) por los diputados de Encuentro por Guatemala (EG) por los delitos de asociación ilícita, fraude, omisión de denuncia e incumplimiento de deberes, luego de que avalaron el irregular contrato de usufructo oneroso por 25 años entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
La exprocuradora María Eugenia Villagrán no cobró indemnización a la PGN, según informó la Unidad de Acceso a la Información.
COMISIÓN DE ENERGÍA
En un detalle de ingresos económicos del periodo 2011-2016, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), informó que por concepto de indemnización pagó Q1 millón 563 mil 861.35 a los últimos dos expresidentes de la Comisión y a dos exdirectores.
A Carlos Colom Bickford, al terminar su gestión como presidente de la CNEE, en el periodo comprendido del 28 de mayo de 2007 al 27 de mayo de 2012, se le indemnizó con Q445 mil 685.63.
En tanto, César Augusto Fernández Fernández y Enrique Moller Hernández, directores que asumieron junto a Colom Bickford, recibieron Q445 mil 685.63 por cinco años laborados y Q672 mil 490.09 por siete años y seis meses laborados, respectivamente.
A Carmen Urizar Hernández, al dejar su cargo como presidenta, que ocupó desde el 28 de mayo de 2012 al 9 de marzo de 2016, la Comisión de Energía le entregó Q337 mil 697.65, refiere la información oficial.
Los directores que acompañaron a Urizar: Silvia Ruth Alvarado Silva de Córdova y Jorge Guiller Aráuz Aguilar no han cobrado indemnización debido a que continuaron formando parte del directorio de la CNEE.
INDEMNIZACIONES: UNA INJUSTICIA
El pago de indemnización que se recetaron los funcionarios de la CC, PDH, PGN y CNEE, para el abogado constitucionalista Carlos Molina Mencos, es un “robo” porque la Constitución admite que solo sean indemnizados los trabajadores del Estado que sean despedidos sin causa justificada. Por tanto, el cobro que hicieron es “ilegal”.
“Es un robo y un abuso lo que se ha cometido por años porque si se es contratado por un periodo no tiene por qué pedir indemnización al retirarse. Yo fui Ministro de Relaciones Exteriores y sabía que cuando me iba, me iba, y no podía reclamar nada porque para los funcionarios no existen las prestaciones”, apuntó Molina Mencos.
El planteamiento del constitucionalista lo respalda Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), quien considera que muchas entidades del Estado se han “extralimitado” al pagar indemnizaciones a funcionarios que han sido designados a ocupar un cargo para un periodo determinado.
“Esto es ilegal porque los funcionarios no son despedidos injustificadamente sino que cesan de sus cargos por el periodo por el que fueron nombrados”, dijo.
Por estos casos, Linares cree que le corresponde actuar a la PGN y a la Contraloría General de Cuentas (CGC), en contra de todos los exfuncionarios y obligarlos a que devuelvan la prestación laboral que les fue entregada.
NI ÉTICO, NI MORAL
En la columna “#QueLoDevuelva: Alejandro Maldonado y su indemnización universal” Samuel Pérez-Attías se refirió a la publicación de La Hora del 22 de enero de 2016 donde se informó que Maldonado Aguirre, expresidente de la República, recibió más de Q396 mil por concepto de indemnización universal por haber ocupado un puesto en la Corte de Constitucionalidad.
En ese espacio Pérez-Attías expuso que la indemnización del exfuncionario no cabe dentro de lo ético ni moralmente aceptable, porque Maldonado Aguirre fue designado magistrado por el Congreso, nunca por la ciudadanía.
Por otro lado, el columnista escribió que el dinero proviene de los fondos públicos, es decir, de la bolsa de los contribuyentes.
“Quienes pagamos impuestos no lo hacemos para pagar indemnizaciones, cuando existen condiciones en el país a atender urgentemente, porque comprometen la vida y la integridad de gran parte de la población. Uno de cada dos niños padece desnutrición (ocho de cada diez son indígenas), el promedio de escolaridad ronda en cinco años de primaria y actualmente mueren niños por hambre en el país. Bajo esas circunstancias, aceptar la indemnización de más de Q396 mil pagados con los impuestos del pueblo es, por lo tanto, inmoral”, escribió.
SECTOR PRIVADO E INDEMNIZACIONES
Para Maritza Vásquez coordinadora la Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (Atrahdom), es indignante el enterarse que el Estado ha pagado más de Q90 millones de indemnización a funcionarios que pudieron haber “solapado la corrupción” de los últimos Gobiernos.
A la activista laboral también le pareció injusto que las personas designadas a velar por el pueblo de Guatemala, que devengan salarios elevados, reclamen una prestación laboral que es negada a muchos trabajadores que laboran en la iniciativa privada, y que son despedidos de forma injustificada.
El tema “indigna porque la clase trabajadora no supera un salario de Q3 mil, un sueldo de hambre y miseria. Nosotros estamos en desacuerdo que a los funcionarios se les esté pagando indemnizaciones cuando son quienes nos representan. Con un salario de ellos se pueden pagar muchos, y no digamos con las prestaciones”, dijo.
En la asociación que coordina Vásquez, se asesora legalmente a personas que por años han laborado en instituciones públicas y en la iniciativa privada, quienes son despedidos sin justificación y sin el beneficio de sus prestaciones laborales.
“Hay muchos casos y el Ministerio de Trabajo no se da abasto. En Atrahdom nos hemos encontrado con casos que de la nada se quedan estancados. Cuando vamos a averiguar identificamos que los jueces dejaron rezagados los expedientes porque tienen una relación familiar o de amistad con la empresa demandada”, dijo.
En 2016, la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo ha recibido 5 mil 590 denuncias de despido injustificado, de las cuales 4 mil 625 se admitieron para su trámite. De esas, 333 se conciliaron; otras 66 se agotaron por la vía administrativa; 94 ya no siguieron por falta de denuncia; 227 se desistieron y 18 no comparecieron.
Los restantes no cumplían con los requisitos, por lo que se remitieron a otra unidad para su análisis, informó el equipo de comunicación.
