Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt
Erick Coyoy, analista y economista de la Universidad Rafael Landívar, habló con “La Hora” sobre la fiscalización del Presupuesto 2017, que según la propuesta del Ejecutivo, ascendería a Q79 mil 830 millones.
¿Se pueden ejecutar medidas certeras para el control de gastos en el Presupuesto?
En el caso de los departamentos, mucha de la inversión va a los Consejos Departamentales de Desarrollo. Ahí lo que se ha hablado es reducir el control que ejercen los diputados, los gobernadores, en el destino de esos recursos.
Ellos tienen mucha influencia, sobre todo, en cómo se asignan esos recursos y la necesidad real es que se reduzca esa injerencia política. En esa distribución de los recursos de los Consejos ayudaría mucho más en las necesidades de las comunidades, pero ahí lo complicado es que es un botín político, que los diputados difícilmente van a estar dispuestos a renunciar. Las normas de calidad de gasto están, lo que pasa es que no se cumplen; por ejemplo, se aplican para el Sistema Nacional de Inversiones Públicas, en donde se dice que deberían ser proyectos previamente evaluados, el problema es que por la injerencia política de diputados distritales y gobernadores no se cumplen.
¿Cree que la Contraloría General de Cuentas, ha cumplido con su papel fiscalizador?
Definitivamente no lo cumple, es otro gran vacío que no cumple con todo esto que ha ocurrido desde el año pasado. Prácticamente se ha convertido en un actor marginal, mientras que debería ser el actor principal de evaluar el gasto, porque prácticamente ha sido la CICIG y el MP los que han pasado a jugar ese rol que la Contraloría no juega. Pero tiene que ver con el nombramiento político del Contralor, que es electo por los diputados y responde políticamente a ellos, esa es otra injerencia de los diputados en su nombramiento.
¿Cuál debería ser el papel de esa institución a fin de verificar que se cumpla con el destino de los recursos del Presupuesto?
Ellos tienen un papel fundamental que está establecido en su ley, las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública deben cumplirse y están en ley, la Contraloría debiera ver el cumplimiento, revisar proyecto por proyecto, los avances también, verificando si hay desembolsos. Por ejemplo, hoy es noticia el tema de dos contratos que hay para la ampliación CA2, tanto occidente como oriente, donde hubo pagos pero no hay avances, cuando fueron cientos de millones de dólares, pero es porque la Contraloría no cumple con su papel de ver los avances en relación con los desembolsos; son más de escritorio, de formalismos de papeleo, solo aparecen en casos secundarios y no sustantivos.
¿Es apropiado pensar en un Presupuesto mayor, cuando no se logra llegar a la meta de recaudación?
El problema de hablar de un Presupuesto mayor cuando no aumenta la recaudación es que estamos hablando de más deuda, así es que el gran problema es que al final del día los proyectos no se realizan y solo queda la deuda, como pasa en esta carretera de CA2, que ya se gastaron los recursos de los préstamos y no hay carreteras en ninguno de los casos. Ese es el problema, que sin fiscalización del gasto, haya aumento de deuda. Al final, por la corrupción los recursos se pierden y el país se endeuda más. No sería recomendable seguir desperdiciando los recursos en la malversación y corrupción.
¿Qué carteras e instituciones deben ser prioridad de acuerdo al trabajo que realizan?
La verdad es que todos los políticos hablan que la prioridad son las personas, pero en la vida real no lo cumplen porque las necesidades más básicas son salud y educación. Guatemala sigue siendo un país fundamentalmente rural y por lo tanto a esa población se le debiera dar la oportunidad de cómo mejorar sus ingresos y atender sus necesidades, pero no hay nada. En el caso del Ministerio de Agricultura, está abandonado y debería ser prioridad para la población rural. A pesar de que la salud y educación son prioridad para este gobierno, en la práctica siguen los mismos problemas.
¿Cómo se puede explicar la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Comunicaciones?
En el caso del Ministerio de Desarrollo Social ocurre que no es la prioridad ahí, los programas sociales son el quehacer de ese ministerio, pero claramente no son la prioridad, dicen que salieron a repartir un cierto número de tarjetas de débito, pero no han sido montos adecuados, en el caso del Ministerio de Comunicaciones es que están todos los problemas legales de los contratos.
La propuesta de Presupuesto estima una gran cantidad de préstamos, ¿se puede decir que el Estado no tiene recursos propios para solventar sus necesidades?
No, los recursos del Estado son insuficientes. Efectivamente sí hay un problema que se tendrá que afrontar, aumentar los ingresos del Estado, pero yo creo que primero los políticos deben asumir el compromiso de enfrentar la corrupción, porque mientras persista es difícil pensar que los problemas se van a solucionar aumentando los ingresos. Lo primero es combatir la corrupción y ya con un compromiso más claro y ordenado se debe pensar en cómo aumentar los ingresos.
“La verdad es que todos los políticos hablan que la prioridad son las personas, pero en la vida real no lo cumplen porque las necesidades más básicas son salud y educación”.
“La Contraloría no cumple con su papel de ver los avances en relación con los desembolsos, son más de escritorio, de formalismos de papeleo, solo aparecen en casos secundarios y no sustantivos”.
