Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
En Guatemala ha sido normal, especialmente desde los tiempos de Arzú, la utilización de maniobras legales para disfrazar actos de la administración pública y evadir de esa manera los controles establecidos para evitar la corrupción. El destacado papel de ciertos abogados, especialistas en encontrar esos vericuetos legales, dio lugar a la creación de una sociedad anónima que se quedara con los bienes de Guatel para facilitar la privatización de la telefonía sin acudir al Congreso y se empezó a utilizar el usufructo en vez de la concesión porque el primero se constituye muy fácilmente sin todas las exigencias que hay para las concesiones.
Por ello el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal es tan importante para sentar precedentes porque es un caso en el que ya se adelantó con la demanda para declarar la nulidad del negocio por su origen espurio y porque no se puede considerar como un usufructo lo que en realidad tiene todos los elementos de una concesión. Y cuando alguna vez el Comisionado de la CICIG me habló de ese tema, preocupado según entendí por la presión del gobierno para que funcionara la Terminal de Contenedores, le dije que en el tema de corrupción no se podían enviar mensajes que confundieran a la población, y que si los nuevos dueños de TCQ realmente eran de buena fe, lo primero que tenían que hacer era allanarse para aceptar la acción de nulidad y, a partir de eso, emprender una nueva ruta de convenios respecto al negocio.
Pero la presión, encabezada por los exportadores que tienen en Finanzas su principal cabeza de turco, fue enorme y se terminó llevando entre las patas no solo a todo el gobierno sino la misma lucha contra la corrupción porque, repito, cualquier signo de debilidad y conciliador con los corruptos es fatal para la ruta que el país tiene que seguir en esa materia.
APM Terminals nunca dio muestra de ser un acto de buena fe y sigue oponiéndose en los tribunales a la acción de nulidad del contrato. Pero lo peor de todo es que en Guatemala hay una gran cantidad de negocios sucios que se hicieron mediante la figura del usufructo para disfrazar otro tipo de negocio jurídico y sobre los que habría que actuar en el futuro inmediato. Únicamente en Puerto Quetzal hay varios contratos que tienen que ser revisados y denunciados porque fueron suscritos de manera idéntica por la misma administración de Allan Marroquín, no digamos lo que hay en otras dependencias públicas donde también el bufete de ese individuo ha asesorado a muchos trinqueteros, empezando por el mismo Alcalde.
El argumento de que necesitamos una terminal de contenedores se puede aplicar a la terminal de gas propano, de la bananera y así que a cualquier otro tipo de “facilidad portuaria”, pero ello no justifica el trinquete que se hizo y el Estado tiene gorda obligación de corregir tales desmanes. Pero ahora quedó sentado el precedente de que, en aras de la modernización, vale la pena un mal arreglo en vez de un buen pleito, para usar las palabras de la PGN que define exactamente lo hecho por el interventor de TCQ.
