San Salvador
DPA

El Secretario de Comunicaciones de la Presidencia de El Salvador, Eugengio Chicas, confirmó hoy que Nicaragua concedió asilo político al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien gobernó entre 2009 y 2014.

«Hemos conocido por Gaceta Oficial de Nicaragua que el expresidente Funes solicitó 1 de septiembre asilo en Nicaragua y le fue concedido», apuntó Chicas en su cuenta oficial de Twitter.

El asilo incluye a su pareja y a sus tres hijos por considerarles en peligro «por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos» y por su filiación política en El Salvador.

Funes está siendo procesado en El Salvador por enriquecimiento ilícito, al no haber podido justificar ante las controlarías la procedencia de más de 700 mil dólares de sus cuentas, ni la propiedad de unas cien armas, entre otros bienes.

Decenas de oficinas y domicilios de Funes y de un allegado a él, el empresario Miguel Menéndez, han sido allanados por la fiscalía salvadoreña en busca de documentos para probar posibles delitos cometidos por el que fuera el primer presidente de izquierda que gobernó en El Salvador.

El expresidente Funes, que llegó al poder postulado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), enfrenta en su país un juicio civil por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también mantiene abierta una investigación relacionada con delitos de corrupción durante el gobierno del ex mandatario, de 2009 a 2014.

La semana pasada, la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema ordenó publicar información de viajes de Funes, luego de una demanda contra el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que declaró en reserva la información de los gastos de viajes al efectuados por el expresidente y su exesposa Vanda Pignato, durante su mandato de 2009 a 2014.

También la Corte Suprema remitió certificación de la resolución a la Corte de Cuentas de la República y al ministerio Público, a fin de que se realicen las auditorías e investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas y/o penales de las personas que, de acuerdo con la ley, eran responsables de la generación y resguardo de la información objeto de este amparo.

En un principio la presidencia de la Republica se había negado a entregar la información demandada argumentando que revelar los viajes pondría en riesgo la seguridad del mandatario debido a que los protocolos de seguridad, logística y transporte seguían siendo los mismos que del actual presidente.

Después informó que no había localizado en los archivos de casa presidencial información sobre los viajes oficiales de Funes y que había respaldos administrativos de los viajes de presidentes desde el ex presidente Alfredo Cristiani a Funes.

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