POR REGINA PÉREZ
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La familia Molina Theissen tuvo que esperar 35 años para conocer el inicio de la justicia. El 6 de octubre de 1981, Marco Antonio, el hijo menor de la familia, fue secuestrado y desaparecido de su casa ubicada en la colonia La Florida, en la ciudad de Guatemala. Desde entonces su familia lo ha buscado sin éxito alguno y tampoco han enfrentado un juicio los presuntos responsables de su desaparición. La mañana del 6 de enero de 2016, la captura de cuatro militares retirados se convirtió en una de las primeras esperanzas para su familia de que los perpetradores de este hecho sean juzgados y condenados. En esta entrevista Ana Lucrecia Molina Theissen, hermana de Marco Antonio, señala que lo único que buscan es “una justicia impartida de acuerdo con la magnitud del hecho, con la gravedad del daño”. La entrevistada reitera que con la violencia y represión utilizada por el Estado no se dañó a una sola persona o a una familia sino a un país entero.
¿Cuántos años esperaron a que la justicia guatemalteca accionara en el caso de la desaparición de su hermano?
Casi 35 años. La tarde del día de la captura de mi hermano, una detención ilegal, mis papás presentaron cinco hábeas corpus a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La desaparición fue el 6 de octubre de 1981. La respuesta fue el silencio, ni siquiera se molestaban en responder.
¿De qué manera afectó esto a su familia?
Los efectos son muy vastos, hubo una destrucción total del proyecto de vida de mi mamá y mi papá, al igual que en el caso de nosotras, sus hijas, hermanas de Marco Antonio. Sufrimos distintos daños, material, psicológico, nuestras vidas fueron destruidas por ese hecho.
¿En el plano material qué fue lo que perdieron?
Hubo pérdida de ingresos debido a que mi papá se dedicó a buscar a mi hermano. Ya no pudo volver a trabajar, estaba dedicado en cuerpo y alma a buscarlo. Mi mamá también dejó la escuela, ella daba clases en una escuela primaria cerca de la casa, debido al temor que sentíamos de que pudieran hacerle algo, porque seguían buscando a Marco Antonio, ella renunció a su puesto.
También mi hermana María Eugenia perdió su empleo, ella era asistente en el servicio editorial de la Usac. Perdió una casa que había empezado a pagar en la cooperativa de empleados de la universidad, una cooperativa de vivienda. Ella ya había dado el enganche de la casa, supongo que ya había pagado algunas cuotas y al perder el empleo y salir al exilio, perdió todo.
Mis papás tuvieron que dejar la casa familiar e irse a alquilar a otros lugares, a pagar un alquiler y además tenían que pagar la hipoteca de la casa que terminaron de cancelar probablemente en 2000 o 2002.
¿Qué acciones realizaron, plantearon una acción ante el sistema interamericano?
Recurrimos al sistema interamericano en 1998 porque era una manera de empezar la búsqueda de justicia y en ese momento para nosotros era la única forma de acceso a la justicia, para mi hermano.
¿Hubo alguna resolución?
El proceso en el sistema interamericano llevó 6 años, hay dos instancias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuyo papel se asemeja al del MP, y la Corte Interamericana, que es la que examina una denuncia, un caso, y hace una audiencia pública, escucha testigos, peritos, revisa prueba documental, material, si la hay, y emite sentencias.
En nuestro caso esto llevó 6 años, la audiencia se realizó los días 25 y 26 de abril de 2004 y se emitieron 2 sentencias, una sentencia de fondo, con fecha 4 de mayo de 2004 y una sentencia de reparaciones (y costas) del 3 de julio de ese mismo año.
Estas sentencias obligan al Estado guatemalteco a cumplir con las reparaciones que dictó la Corte, y una de ellas es la justicia.
¿Alguna vez imaginaron que tendrían justicia en este caso por vía del Estado guatemalteco?
Francamente no. No veíamos ninguna tendencia de justicia penal, efectiva, respecto de las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. No veíamos ninguna posibilidad.
¿Cómo reaccionó cuando se enteró que después de tantos años fueron capturados los presuntos responsables de la desaparición de su hermano?
Aunque era lo que habíamos anhelado desde hacía muchos años, que se hiciera realidad la oportunidad de justicia, es muy impresionante. Cada pequeño paso que se da con relación a la justicia para mi hermano, como la sentencia de la Corte que nos dio la posibilidad de demandar la realización de las reparaciones contenidas en ella, además de una relativa satisfacción, remueve todo el dolor que nos ha acompañado desde ese día que se lo llevaron a él.
¿Cómo se involucraron en la militancia política? ¿De dónde vino su interés?
Creo que en aquellos años todavía estaba muy fresca la Revolución de Octubre y la indignación por lo sucedido en 1954. La conciencia de los males que seguía y sigue viviendo la población guatemalteca, fueron motivos muy poderosos, no solamente para que mi hermana y yo nos involucráramos en este tipo de actividad política opositora, actividad social, porque éramos integrantes de movimientos sociales, sino también miles de personas abrazaban ideas de cambio revolucionario en el país.
Mi hermana Emma y yo éramos opositoras, participábamos en un partido político proscrito por la ley. La militancia era penada, alinearnos con un pensamiento político divergente fue tipificado como parte de un delito, que no lo es, es un derecho. Sin embargo, pese a que había un instrumento legal que podían utilizar en contra nuestra para capturarnos, someternos a juicio e imponernos a una pena carcelaria, no lo hicieron. Las autoridades gubernamentales violaron su legislación por más represiva que fuera.
No tuvimos un espacio para expresarnos libremente, para organizarnos con seguridad. La seguridad no implica solamente que no me asalten, que no me agredan físicamente por parte de delincuentes comunes, sino también la inseguridad que se puede propiciar a partir de las acciones ilegales promovidas y efectuadas por agentes estatales.
Si bien de aquellos años se dice que había seguridad ciudadana, esta estaba reservada para las personas que lo creían así porque no se metían en política.
Si hubiese habido una seguridad real y no una ilusión de garantía de la vida y la integridad asociada con la paralización y el silencio sociales, no hubieran desaparecido a 45mil personas ni asesinado a centenares de miles más.
El terror provocó el aislamiento de las personas participantes de algún movimiento social o político, lo que era sufrido por nuestros familiares o amigos como el contagio de una enfermedad. Éramos apartados, mal vistos, censurados, estereotipados, perseguidos, detenidos, asesinados o desaparecidos. En Guatemala se llegó a extremos represivos con el aniquilamiento de decenas de miles de personas. Marco Antonio es una de las víctimas, Emma es una de las víctimas. La sociedad guatemalteca aún desconoce la magnitud del terror que se vivió en esos años.
¿Qué representa el caso de su hermano en un país donde miles de personas fueron desaparecidas durante el conflicto armado interno?
Yo diría que es como poner un foco sobre una problemática sumamente aguda, desgarradora, que mutiló vidas, que destruyó familias, que destrozó el tejido social, que aterrorizó y silenció a guatemaltecas y guatemaltecos, que paralizó movimientos sociales y políticos, que inhibió acciones solidarias y que castigó muy duramente, excesiva, inhumanamente, a una parte de la sociedad guatemalteca.
¿En qué parte se encuentra el juicio en el que están ligados a proceso cuatro militares retirados? También se sumó una imputación a Benedicto Lucas García.
En este momento estamos en una audiencia de primera declaración del señor Benedicto Lucas García. Esperaríamos ligarlo a proceso por los delitos que fueron imputados en enero a los otros señores, quienes ya rindieron su primera declaración por delitos contra deberes de la humanidad y desaparición forzada.
Además, en esta audiencia ellos deberán declarar por primera vez por el delito de violación con pena agravada.
Se tienen pruebas de las violaciones sexuales sufridas por mi hermana (Emma). Si no recuerdo mal, cuando el fiscal leyó la imputación a los cinco sindicados, dijo que habían sido violaciones tanto individuales como colectivas y por eso lo definía como tal.
La audiencia de primera declaración se inició el 19 de agosto, una vez superados los recursos opuestos por la defensa de los señores sindicados. Ese día, el juez dio paso a la audiencia de apertura a juicio, se leyó la imputación, se individualizó a los señores y se continuó el 29 de agosto.
El caso está en el Tribunal C de Mayor Riesgo. Estamos esperando la resolución de un amparo interpuesto por la defensa. Me parece que rechazan el traslado del proceso a este tribunal, cuya competencia están discutiendo, pese a existir una resolución de la CSJ que resolvió nuestra apelación respecto de una decisión de la Cámara de Penal, de inicios de febrero de 2016, donde nos rechazaba el acceso a la competencia ampliada.
Las partes acusadoras, nosotros como querellantes adhesivas y el MP, apelamos ante la CSJ que decidió acoger nuestra apelación y en pleno dejó sin efecto esta resolución de la Cámara Penal.
En medio de todo ¿qué mensaje manda para construir un futuro diferente?
Quisiera hacer un llamado a la sociedad, a todos los sectores, a todas las personas, para que piensen por un momento en lo que sufrirían si alguno de los niños que integran su familia, su hijo o su hija fuera detenido ilegal y arbitrariamente y desaparecido para siempre, como es el caso de Marco Antonio. Que se sensibilicen acerca de la tragedia que afectó no solamente a mi familia, sino a miles más. Se calcula que fueron 45 mil personas desaparecidas, entre ellas unos 5 mil niños y niñas de los que no se sabe su paradero hasta el día de hoy.
Les pido que piensen en el dolor que significa la desaparición forzada, un dolor que no está en el pasado, que no se va, un sufrimiento torturante que no debe ser padecido nunca más por ninguna persona, por ninguna familia en nuestro país. Por eso la justicia debe llegar, es necesaria porque es la única garantía de que estos hechos terribles no vuelvan a suceder.
Ese es nuestro interés; no queremos indemnización, ya recibimos una y firmamos un acuerdo con el Estado para no reclamar más dinero. Tampoco queremos venganza. Lo que queremos es tener la capacidad de probar la responsabilidad de los sindicados o de aquellos que resulten ser responsables de lo que sucedió, de acuerdo con la calidad de las pruebas que logremos presentar.
En un proceso justo y apegado a la ley, con seguridad para las partes procesales, esperamos que la justicia sea impartida de acuerdo con la magnitud del hecho, con la gravedad del daño.
Finalmente, espero que la sociedad comprenda que no se dañó a una persona y a una familia, se dañó a un país entero mediante actos sistemáticos y masivos de extremada violencia y crueldad, que a la luz del Derecho nacional e internacional se configuran como crímenes de guerra y de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables.
Ante tanto dolor, es necesario que se entienda que la justicia es un camino hacia la paz y también queremos paz en ese camino, no queremos confrontación personal, no estamos atacando a ninguna persona en lo personal, no estamos insultando a nadie, tenemos derecho a que haya justicia.
