POR KATERIN CHUMIL
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Mientras los reflectores estaban puestos sobre la masiva audiencia del caso Cooptación del Estado, otros dos expedientes, también extensos, se deliberaba en el Organismo Judicial. Tras maratónicas audiencias, la Fiscalía de Sección contra el Delito de Extorsiones logró que se procesara a por lo menos 195 presuntos pandilleros, vinculados a los cobros ilegales a trasportistas del colectivo urbano y extraurbano, en rutas del occidente sur y oriente del país, así como a taxistas y comerciantes de la capital y otros departamentos.
La audiencia de los casos Rescate del Sur y Rescatando Guatemala difieren del caso Cooptación del Estado. Sus implicados no fueron ingresados a una cárcel con privilegios, no se transportaron sentados en un autobús del Sistema Penitenciario y no tuvieron a su disposición la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia; fueron tratados con la misma normativa que el resto de privados de libertad. Y es que los sindicados no eran conocidos empresarios ni exfuncionarios públicos.
RESCATE DEL SUR
El pasado 2 de mayo el Ministerio Público (MP), en conjunto con el Ministerio de Gobernación (Mingob), logró la captura de al menos 80 sospechosos de cometer extorsión en contra de los transportistas extraurbanos que circulan de la ciudad capital hacia el sur del país.
La estructura criminal se encontraba conformada por pandilleros del Barrio 18, de la clica Solo para Locos, refirieron las autoridades.
La investigación para develar la forma de operar de la banda de extorsiones duró un año, del cual seis meses se dedicaron a la interceptación de llamadas telefónicas desde dispositivos en manos de los supuestos líderes de la clica, operadores y sicarios, entre otros.
De acuerdo con Edgar Gómez, fiscal del caso, de esta forma se pudo comprender la compleja organización de la estructura.
La manera en la que intimidaban a sus víctimas, como es común en las pandillas, era a través de llamadas telefónicas, en las que amenazaban a los comerciantes de muerte si no accedían a sus peticiones. Las pesquisas indican que en un año la organización criminal captó alrededor de Q3 millones por el cobro de extorsiones.
Además, se lograron vincular las actividades extorsivas de Solo para Locos con la muerte violenta de 30 personas.
El fiscal explicó que en el caso se identificaron decenas de víctimas: 12 empresas de transporte extraurbano, 5 empresas de camiones repartidores, taxistas, tiendas, tortillerías, entre otros.
El operativo denominado “Rescate del Sur” terminó con 80 sospechosos detenidos y 126 allanamientos realizados en los Departamentos de Guatemala, Escuintla, Izabal, Santa Rosa y Retalhuleu. Este caso es conocido actualmente por el Juzgado C de Mayor Riesgo, a cargo de Víctor Ríos Herrera, quien ordenó procesar a 77 de los sindicados el pasado 22 de junio.
EL SEGUNDO GOLPE
Casi dos meses y medio después del primer operativo, el 14 de julio, un segundo golpe a las agrupaciones dedicadas a la extorsión se concretó con el operativo “Rescatando Guatemala”, para el cual se emitieron alrededor de 150 órdenes de captura, de las cuales solo 115 se ejecutaron. En el operativo se detuvieron tanto a miembros del Barrio 18 como a miembros de la Mara Salvatrucha.
La audiencia de primera declaración de los detenidos en el caso terminó el pasado viernes, dejando a todos los sindicados sujetos a proceso penal.
A decir de Francisco Rivas, ministro de Gobernación, el operativo Rescatando Guatemala fue el más grande en la lucha contra las extorsiones en la historia del país. Esto, no solo por la cantidad de órdenes de captura emitidas, sino por la efectividad que se logró en el cumplimiento de los protocolos institucionales.
La Fiscalía señala que existen suficientes evidencias de que los capturados pertenecen a una compleja red, organizada y estructurada para hacer “cobros de extorsión, suministrar información a líderes de maras y resguardar armas y municiones para el uso de las estructuras criminales”.
Existen evidencias de que estos grupos delictivos usan el sistema bancario para guardar el dinero producto de hechos ilícitos. En este caso, el MP señala que cobraron hasta Q2 millones de extorsiones.
Debido a que incluye diferentes hechos y grupos criminales, el caso se repartió entre los juzgados Quinto, Undécimo, Séptimo y Tercero del Ramo Penal. También se remitieron expedientes al Juzgado de Instancia Penal de Antigua Guatemala y las judicaturas de Mayor Riesgo “A” y “C”.
En esta carpeta judicial, alrededor de 25 personas han sido beneficiadas con medidas sustitutivas, pagando fianzas entre los Q15 y 20 mil para recuperar su libertad.
La Fiscalía aún coordina que 80 personas que se encuentran citadas acudan ante los jueces para que se presenten a declarar.
La mayoría de sindicados son representados por abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), lo cual provocó cierto retardo y estancamiento en el proceso, debido a la carga laboral que maneja la entidad, señaló el fiscal.
Gómez explicó que los sospechosos fueron ligados a proceso por los delitos de extorsión, asociación ilícita y obstrucción extorsiva al tránsito.
LA COOPTACIÓN DEL ESTADO
En el marco del caso denominado Cooptación del Estado se giraron al menos 70 órdenes de captura en contra de empresarios, exfuncionarios públicos, abogados y particulares.
En la audiencia de primera declaración se imputó a 57 detenidos de conformar una estructura de lavado de dinero, financiamiento electoral ilícito y corrupción, que llegó a controlar el Estado, a través de la influencia del exbinomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
De acuerdo a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dichas acciones tuvieron el único objetivo de capturar fondos del Estado y con ello adquirir bienes y patrimonio los cuales fueron puestos a nombres de terceros y a empresas ficticias.
La cantidad de sindicados superó la capacidad del Juzgado B de Mayor Riesgo, por lo que el juez Miguel Ángel Gálvez pidió a CSJ la Sala de Vistas ubicada en el Palacio de Justicia.
Al final de la audiencia, que duró dos meses y medio, 53 de los 57 detenidos fueron ligados a proceso penal.
DELITOS DE CUELLO BLANCO VS. DELITOS COMUNES
CÁRCEL “VIP” Y CÁRCEL COMÚN
En contraste con los 57 de señalados de haber incurrido en actos de corrupción, los sindicados de los dos expedientes por extorsión se encuentran recluidos en distintos centros de detención a cargo del Sistema Penitenciario, como el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, la cárcel para mujeres Santa Teresa, la cárcel de Chimaltenango y el centro de privación de libertad El Boquerón.
En tanto, los acusados por corrupción fueron enviados a la Brigada Militar Mariscal Zavala, donde el Sistema Penitenciario debe compartir su autoridad con el Ejército. Este centro de detención fue señalado por analistas como una prisión privilegiada para “personajes de cuello blanco”, debido a la estructura de las instalaciones y la falta de controles.
Aunque tras el caso Cooptación del Estado se denunciaron las condiciones de hacinamiento en Mariscal Zavala, ninguno de los detenidos quiso dejar el lugar para ir a otra cárcel ubicada en el Cuartel Matamoros.
SALA DE VISTAS Y VIDEOCONFERENCIAS
Aunque en otras ocasiones la CSJ había negado el uso de las instalaciones de la Sala de Vistas para otros procesos legales, como el comienzo del segundo juicio contra el exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt. El pleno de magistrados autorizó al Juzgado B de Mayor Riesgo para que celebrara ahí las audiencias del caso Cooptación del Estado, ya que la sala de audiencias del mismo no tenía espacio suficiente para recibir a todos los sindicados.
En tanto, las audiencias de primera declaración contra los presuntos extorsionistas se llevaron a cabo por medio de videoconferencias para un porcentaje de sindicados y de forma presencial para otro. Según el acuerdo de la Corte 31-2009, estas se pueden celebrar cuando, por razones de seguridad y orden público, sea necesario mantener a los detenidos o a los declarantes fuera del órgano jurisdiccional.
CAMIÓN Y BUS DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Mientras los sindicados del caso Cooptación del Estado eran trasladados hacia la Torre de Tribunales cómodamente en un bus del Sistema Penitenciario, los sindicados de los casos de extorsión, que sí debían asistir a los juzgados correspondientes, eran movilizados en un camión de presidios, vehículo que se utiliza comúnmente con todos los privados de libertad.
MEDIDAS SUSTITUTIVAS
En el expediente contra Pérez Molina y Roxana Baldetti, el juez Miguel Ángel Gálvez otorgó medidas sustitutivas de arresto domiciliario a 19 de los 53 sindicados. Para recuperar su libertad los procesados no tuvieron que pagar caución económica, como suele ordenarse.
Los beneficiados fueron aquellos empresarios señalados de financiar ilícitamente al Partido Patriota durante la campaña electoral de 2012 y los abogados que presuntamente ayudaron a simular el origen ilícito de los bienes con los que se enriqueció el exbinomio presidencial.
El Ministerio Público consideró que este beneficio era improcedente, ya que los empresarios tienen la capacidad de obstaculizar la justicia o de escapar para evitarlo, por lo que interpuso una apelación contra las medidas otorgadas a 17 procesados.
En tanto, en el caso Rescatando Guatemala los jueces beneficiaron a 25 sindicados, debido a que se trata de personas que tuvieron una participación menor en los hechos imputados. La Fiscalía no impugnó ninguna de estas medidas, ya que consideró que no existe peligro de obstaculización de la justicia.
Al contrario que en el caso de corrupción, los implicados en extorsiones sí debieron pagar fianzas de entre Q15 mil y 20 mil para recuperar su libertad.
