Por RICARDO REIF,
NACIONES UNIDAS
Agencia AP

Dilma Rouseff, quien está en plena campaña para su reelección, hizo alarde hoy de los logros de su gobierno en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, enfatizando los avances en igualdad social, protección de derechos humanos y preservación del ambiente.

Se mostró incluso conciliatoria hacia Estados Unidos y la Unión Europea, con los que tuvo roces tras negarse a apoyar un plan para poner fin la deforestación hacia el 2030, aduciendo que no había sido consultado en su elaboración.

Sin mencionar desaveniencias, Rousseff prometió que su país mantendrá medidas que han logrado «las tasas de deforestación más bajas de su historia» y que lo hizo «sin sacrificar el desarrollo económico y la inclusión social».

La mandataria aseveró que su administración «ha resultado en una economía moderna y una sociedad más igualitaria» que ha generado 21 millones de empleos, aumentó el salario mínimo e incrementó el poder adquisitivo en 71%.

«Hemos concretado estos logros mediante la creación de una sociedad inclusiva basada en igualdad de oportunidades», dijo Rousseff, señalando que bajo su gobierno 22 millones de brasileños han salido de la pobreza extrema, se ha mejorado el acceso a la educación y se han aplicado políticas para combatir la discriminación racial.

Según encuestas, hay un empate técnico entre Rousseff y su principal rival, Marina Silva. Si ninguno de los candidatos obtiene el 50% del total de los sufragios, se irá a una segunda vuelta entre los dos más votados.

«Brasil dejó de ser la 13era economía mundial y ha saltado a ser la séptima… y somos uno de los principales destinos de inversión extranjera», declaró. «Afianzamos las políticas de distribución de ingresos estimulando el crecimiento y el empleo y manteniendo las inversiones en infraestructura».

Rousseff además pidió una reestructuración del sistema económico mundial a fin de hacer más participativos los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pues éstos «están en peligro de perder legitimidad y eficiencia» debido a la «insuficiente participación» de los países en desarrollo en sus decisiones.

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