POR KATERIN CHUMIL
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Tres semanas han pasado desde que la Sala Segunda de Apelaciones trasladó el antejuicio en contra del diputado César Fajardo a Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que resuelva una recusación contra el juez a cargo del expediente; sin embargo, el caso continúa estancado.
La solicitud de Fajardo para separar al juez Eduardo Galván Casasola llegó a la CSJ el pasado 26 de julio, y a la fecha no ha resuelto la acción que mantiene el proceso en suspenso.
La Fiscalía pidió un antejuicio contra el congresista para que se le retire la inmunidad, ya que es sospechoso de haber cometido abuso de autoridad y peculado por sustracción, cuando formó parte de la Junta Directiva 2015-2016, presidida por Luis Rabbé.
Por otro lado, el expediente del antejuicio contra Carlos López Girón, señalado por el mismo caso, tampoco ha llegado a las manos del juez Roaldo Isaías Chávez Pérez, debido a que la Secretaria de la Corte lo requirió para realizar un informe jurídico.
López Girón se ha excusado en dos ocasiones de asistir a la citación judicial para aclarar los señalamientos en su contra.
SE AFERRA A SU CURUL
César Fajardo a pesar de los señalamientos en su contra, ha reiterado que no renunciará porque, según dijo, “es un mandato soberano del pueblo” que lo eligió.
Los diputados Selvin García y Julio López Villatoro renunciaron para enfrentar las investigaciones del Ministerio Público.
SEÑALAMIENTOS
De acuerdo con la Fiscalía, César Fajardo, Luis Rabbé, Arístides Crespo, Manuel García Chutá, Carlos López Girón, Selvin García Velásquez y Julio López Villatoro efectuaron un alto número de contrataciones que evidenciaban una serie de irregularidades.
La Fiscalía identificó dos modalidades de contrataciones irregulares: la primera consistía en contratar personal de forma arbitraria, en irrespeto a las normas de contratación y nombramiento del Organismo Legislativo; la segunda modalidad se trata de la creación de plazas fantasma.
Las plazas fantasmas son contrataciones de personal que no se presenta a laborar. Según dijo Aldana, se comprobó que muchos empleados de la Junta Directiva trabajaban a su vez en otras instituciones del Estado o empresas privadas.
Los supuestos empleados de los sindicados llegaban a ganar hasta Q20 mil por servicios de asistencia y consultoría, entre otros, pese a que muchos no tenían el grado educativo necesario para desempeñar tales tareas, indicó Aldana.
De acuerdo con las evidencias recopiladas, los miembros de la Junta Directiva se coludieron para repartirse un alto número de plazas laborales
Por este caso ya enfrentan proceso Edgar Cristiani Calderón, Alfredo Rabbé Tejeda, Carlos Herrera Quezada y el exdirector general del Congreso, José Luis Mijangos Contreras.
El pasado 19 de Julio, el juez Walter Villatoro, por orden de una Sala de Apelaciones, revocó las medidas sustitutivas que gozaban y envió a prisión preventiva a los excongresistas.
