Dr. Luis Fernando Cordón Morales
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Exaltación social ha causado la reciente propuesta de “Reforma Fiscal”, presentada el pasado jueves por el Ejecutivo, que evidencia su improvisada, antitécnica y sesgada política financiera, que en lugar de asumir los esfuerzos para lograr una SAT eficiente replicando las mejores prácticas internacionales, transparentar y moralizar el gasto público, por el contrario confirma el desinterés y falta de arrestos de los actuales mandatarios y demás funcionarios de la nación para revisar, proponer, discutir y echar andar una verdadera política fiscal que esté minimizada en privilegios fiscales, aumentada en su base tributaria con reales manifestaciones de riqueza y claramente enfrentada con el contrabando aduanero y la defraudación tributaria y aduanera, en pro de la sanación de las finanzas del Estado y en cumplimiento a los principios de justicia social que ordena la Constitución Política de la República.
Resulta impropio el argumento de los ponentes que con la propuesta de reforma relacionada “el que gané más pagará más”, por las siguientes básicas razones: 1) Elevar en Q3.00 más los combustibles automáticamente encarece todo el servicio y comercio que requiera transporte o producción que lo utilice como insumo, lo que provocará más inflación; castiga directamente el bolsillo de la clase trabajadora privada y pública que la desmotivará y hará requerir aumento salarial; y, principalmente castiga el gasto estatal porque el propio Estado es uno de los principales consumidores de combustible, por lo que la proyección de lo recaudado se evaporará al igual que el mismo carburante. Siendo también desatinado condicionar el tipo impositivo al volátil precio internacional del crudo sin considerar ni priorizar su importancia como elemento productivo en la generación de la diversa riqueza nacional. 2) Acrecentar los tipos impositivos del ISR en los porcentajes y en los regímenes tributarios propuestos, no solo desincentiva la inversión corporativa sana y contribuidora (legal y que paga tributos), sino que golpea a la mediana y pequeña empresa productiva que en dos paquetes fiscales y en menos de 4 años pasaría a duplicar su peso impositivo, orillándola progresivamente a la informalidad que tiene la incapacidad administrativa de reglar; y, en el caso de los trabajadores, base votante que significó la victoria en las elecciones, irónicamente sufre un revés al imputarle un sobredimensionado aumento al tipo impositivo; por lo que pagarán de 3 a 5 veces más que ahora. 3) Aumentar de Q1.50 a Q5.00 el impuesto al cemento, obviamente impactará el mercado de la construcción y encarecerá la adquisición de vivienda, pero principalmente aumentará el costo de la obra pública, por lo que la proyección recaudatoria se esfumará en el sobrevalorado gasto estatal de infraestructura. 4) Ampliar las regalías a la minería de 1% a 10% no solo es a destiempo sino que no tiene ninguna base técnica que inspire el cumplimiento de algún pronóstico recaudatorio. 5) El caso del retorno de la planilla del IVA demuestra dos realidades, que la Administración Tributaria en el 2012 no estaba preparada para afrontar su obligación de controlar la facturación y la aceptación tácita que actualmente tampoco lo está; por lo que nuevamente necesitan la conveniente ayuda de los consumidores laborantes.
