POR REDACCIÓN LA HORA
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El coordinador general del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Edgar Gutiérrez, habla sobre la importancia de mejorar la regulación del financiamiento de campañas en las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
¿Cómo ve las reformas electorales recién presentadas al Presidente?
A nivel general, se retoman aspectos que se habían quedado en la primera propuesta que presentó la plataforma para la reforma del Estado. Yo destacaría como más importante, en primer lugar, el voto uninominal. Es decir, la posibilidad de que los votantes seleccionen con nombre y apellido a su representante en el Congreso.
Esto, por supuesto, tiene que ser complementado con una subdivisión de distritos, de manera que el elector esté más cerca de su elegido. Voy a poner un ejemplo: el distrito central podría ser subdividido en once distritos. La zona 18 podría elegir un diputado, la zona 9, 10 y 14 elegir a otro… De manera que el elector conozca quién es su elegido y a la hora de tener la boleta no tenga la lista de todos los diputados sino los que corresponde al subdistrito.
Esto abre la oferta electoral mucho más y permitirá tener mejor representación en el Congreso, además abarata las campañas porque no habría que hacer campaña en todo el distrito sino en áreas mucho más pequeñas.
También es importante la opción de los partidos distritales, que postulen a candidatos al Congreso y corporaciones municipales.
Además hubo un disenso respecto a la paridad y alternabilidad de hombres y mujeres; y representantes de pueblos indígenas. Ahí no se llegó a ningún acuerdo pero se trasladó el disenso y esa discusión seguramente va continuar.
¿En algún otro tema se dieron más disensos?
No, de hecho la polémica central fue en ese tema. Creo que hay que ver más despacio el tema de la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque solo cambiando de trajes de unos a otros no resolvemos el problema. El tema de Comisiones de Postulación, en general, sigue siendo problemático y no hemos encontrado una solución porque el mismo problema se presenta en las reformas constitucionales del sector justicia.
El mismo problema se repitió en las reformas a la Ley de la SAT, no hemos encontrado un sistema que fortalezca las instituciones y que las despolitice. Es una discusión pendiente.
¿Cómo cree que se abordó el tema del financiamiento electoral en las reformas? Según indicaron, este punto quedó fuera de la discusión pero en la propuesta del Ipnusac sí estaba contemplado.
La verdad es que no se dejó del todo fuera, sí se incluyeron un par de cosas para establecer mayores controles. Aunque al inicio se dijo que había que dejarlo fuera, ya cuando se entró a discutir más a fondo se vio la necesidad de que se cruzaran más los controles.
Sin embargo, el tema del financiamiento puede tener una discusión más profunda en el Congreso. Como hemos visto en el Caso de la Cooptación y financiamiento ilícito, hay muchas trampas en el sistema. Realmente creo que después de la lección que hemos estado viendo solo financiamiento anónimo y demás, al país le convendrían dos cosas. Una es que el financiamiento fuera exclusivamente público, fiscalizable enteramente. Además que en el caso del uso de frecuencias que son del Estado y están en concesión, desde que se negocia la concesión el Estado podría apartar los tiempos que correspondería a campañas electorales y que no tengan costos.
De esa manera se descargaría mucho el fisco.
Esa es la propuesta que el Ipnusac tenía desde el año pasado y que no fue considerada en su momento, pero ahora hay condiciones para retomar esta discusión.
¿Cuáles considera que son las debilidades de estas reformas?
Creo que la propuesta teóricamente está bien y puede ser un avance para garantizar la renovación de la clase política. El tema es la aplicación, bueno, antes de la aplicación primero hay que pasar por el Congreso y establecer la voluntad del actual sistema de partidos para facilitar una renovación del mismo. Una vez hecho esto, hay que ver la aplicación.
Estas reformas continúan en un proceso de revisión y análisis, incluso serán revisadas por magistrados del TSE. ¿Cuál es la responsabilidad del Congreso en todo esto?
La principal responsabilidad ahora cae sobre el Congreso y al TSE hay que tomarlo muy en cuenta porque la Ley que se aprobó hace pocos meses contempla que sea el Tribunal el que establezca los mecanismos de reforma de la ley.
Tenemos que considerar que el TSE adopte estas propuestas que vienen de la sociedad y tienen el aval del Presidente para juntos ir al Congreso.
¿Cuál es el papel de la ciudadanía en el proceso?
Creo que la ciudadanía tiene que estar muy consciente de que los cambios que se esperan en el Estado, en la lucha contra la corrupción, en tener una mejor calidad de gasto y mejorar las condiciones actuales, pasan por una reforma política. Y una verdadera reforma política genera condiciones para tener mejores gobernantes, mejores representantes en el Congreso y que haya más compromiso con el cumplimiento de la Constitución.
“Como hemos visto en el caso de la Cooptación y financiamiento ilícito, hay muchas trampas en el sistema. Realmente creo que después de la lección que hemos estado viendo solo financiamiento anónimo y demás, al país le convendrían dos cosas. Una es que el financiamiento fuera exclusivamente público, fiscalizable enteramente. Además que en el caso del uso de frecuencias que son del Estado y están en concesión, desde que se negocia la concesión el Estado podría apartar los tiempos que correspondería a campañas electorales y que no tengan costos”.
