POR SAIRA RAMOS
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Los diputados tramitaron en primer debate la iniciativa de ley que busca reducir las penas a quienes acepten su responsabilidad en la comisión de un delito.
En la sesión plenaria celebrada ayer en el Congreso de la República, los diputados dispensaron de dictamen el proyecto de reformas al Código Procesal Penal que permitiría a los acusados de cualquier delito a que acepten los cargos atribuidos por el Ministerio Público (MP), a cambio de obtener rebajas en las penas.
Este beneficio solo aplicaría, según la propuesta, por una única ocasión en el proceso desde que el MP haya formulado la imputación, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate.
La propuesta elaborada por el diputado Oliverio García Rodas del Movimiento Reformador (MR), pretende que una vez los procesados acepten los cargos durante la audiencia de primera declaración, tendrán derecho a que se les rebajen las penas en la mitad, pero si lo hace después de dicha audiencia y hasta que se admita la acusación, tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una tercera parte.
En cambio, sí lo hace después de la apertura del juicio, hasta antes de iniciar la recepción de las pruebas en la audiencia de debate, el señalado tendrá derecho a que se le rebajen las penas en una quinta parte.
En la propuesta de reforma, García Rodas, condiciona la reducción de penas ya que esta lleva implícito el compromiso de que en el momento de ser requerido por el MP, el procesado declarará como testigo en anticipo de prueba en los casos seguidos contra quienes hayan participado en la comisión de los delitos aceptados. Esa declaración la deberá prestar en los cinco días siguientes en que quede en firme la sentencia. El incumplimiento de ésta conllevará la pérdida de la rebaja de penas.
PAGO DE DAÑOS
Para que los señalados por cualquier delitos puedan aceptar la reducción de penas deberán indemnizar como mínimo el 50 por ciento del daño causado a sus víctimas o agraviados, asegurando el pago que establecerá el MP en la imputación, o bien, por un acuerdo entre el afectado y el agresor bajo la dirección de un juez o tribunal de sentencia. En efecto de éste consenso, el juez fijará la indemnización tomando en cuenta el delito y daño ocasionado.
Entre tanto, la propuesta se plantea, según García Rodas, con el fin de contribuir a obtener la aplicación de la justicia “pronta y cumplida”, la cual permita alcanzar soluciones en conflictos generados por el delito, y propiciar la reparación integral de los daños ocasionados por los hechos.
El proyecto de ley recibirá su segundo debate cuando los diputados agoten todos los puntos incluidos en la agenda legislativa.
