Jorge Mario Andrino Grotewold
• @jmag2010
Nuevamente una reforma fiscal está siendo propuesta para el país. Parece una tendencia desde la formulación de los Acuerdos de Paz, donde se analizó la necesidad de aumentar los indicadores económicos para alcanzar un desarrollo económico/social, incluyendo dentro de éstos el crecimiento económico, la inversión, el producto interno bruto y la recaudación tributaria.
Las condiciones sociales de Guatemala, a todas luces notorias, y altamente examinadas por tanques de pensamiento e instituciones nacionales e internacionales, permite visualizar que el país no cuenta con los recursos suficientes para alcanzar niveles aceptables de educación, de salud, de seguridad y de justicia. Sumado a ello, las condiciones económicas como el desempleo, la informalidad y la pobreza motivan a considerar los rezagos históricos que el país ha tenido en cuanto al pago de impuestos. Al hacer análisis comparativos con otros Estados, se identifican brechas grandes en cuanto a los porcentajes de tributación, así como también la cantidad de incentivos fiscales que se consiguen, bajo el pretexto de motivar la inversión.
La mala administración del gasto público y los constantes ejes de corrupción detectados en quienes ejecutan el Presupuesto de la Nación, constituido por la recaudación tributaria y el endeudamiento, hacen un indicador no tradicional dentro de los parámetros de una política económica, y hacen no creíble el trabajo de la burocracia, además de generar una constante desconfianza para la entrega del recurso impositivo.
Desconfiar de los malos políticos que han engañado al país, es justo. A pesar de la posición de apertura mostrada recientemente por el sector privado organizado, ser escépticos también es obligado. Pero también es necesario reconocer que Guatemala necesita recursos de toda índole, honesta y eficientemente administrados. La solidaridad humana debe hacerse ver para que esos recursos sean dirigidos a quienes más los necesitan. Y las políticas públicas efectivas para lograr que estos recursos lleguen a donde corresponda, deben ser planificadas mediante ejercicios democráticos de diálogo, no de imposición; de alcanzar consensos, no de negociaciones por intereses particulares; de un interés real por el país y su gente, y no de un afán de protagonismo. Debe buscarse el interés superior del país.
Mejorar los indicadores de desarrollo humano es una meta obligada para cualquier sociedad y sus gobernantes. Para ello requiere del aporte tributario de sus ciudadanos, con bases justas y de inversión equitativa. También debe reiterar, que la conducta de quienes son responsables de su ejecución, cumplan con la ley, sean honestos y transparentes, y amen a Guatemala.
