POR SAIRA RAMOS
sramos@lahora.com.gt
El interventor Alexander Aizenstatd reconoció en una citación legislativa haberse reunido con Susanne Marston, representante de APM Terminals, previo a sugerir un acuerdo entre esa empresa y el Estado de Guatemala en el Caso TCQ. Mientras tanto, el diputado Carlos Barreda de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), cambió su postura y reconoció que la propuesta del interventor para negociar en nombre del Estado, tiene aspectos «positivos» que deberían discutirse, debatirse y analizarse.
En una reunión convocada por la Comisión legislativa por la Transparencia, en donde Aizenstatd participó como invitado, explicó el estado crítico en que se encuentra la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), seguido de la reunión que tuvo con la representante de APM Terminals a quien hizo la propuesta para que esa compañía pague al Estado una reparación civil de US$43.2 millones y accedan a la cancelación del contrato actual a cambio que el Congreso apruebe una concesión.
Aizenstatd afirmó a los diputados que, a raíz de la reunión con Marston, elaboró una sugerencia la cual ya fue aceptada por el dueño de TCQ, según se informó en un comunicado oficial, pese a que esa empresa no está conforme del todo; el interventor señaló que APM Terminals buscaba dar una reparación civil al Estado con una cantidad menor al 50 por ciento de lo ya establecido.
Al finalizar la citación, el diputado Carlos Barreda quien días atrás criticó la negociación del delegado por el Juez de Extinción de Dominio por haberse excedido en sus funciones, dijo que la propuesta contiene aspectos positivos, aunque esta sea «arriesgada», ya que a su criterio Aizenstatd no debió entregarle la sugerencia a APM Terminals, sino a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El interventor se extralimitó en sus funciones, sin embargo, «hay valorar que hizo una propuesta para debatir, discutir y analizar», dijo el diputado de UNE.
El cambio de postura del congresista cuenta con el aval del partido al que representa dijo, ya que previo a participar en la citación se comunicó con el jefe de bancada, Orlando Blanco, que esta fuera del país en una comisión legislativa, así como con el presidente del Congreso, Mario Taracena, quienes le recordaron que la UNE no debe ser un «obstáculo» para que el puerto entre en operaciones.
«Sigo convencido que el interventor cometió un error porque no debió haber hecho una propuesta ni tener acercamientos con la empresa y se lo reiteramos. Sin embargo, él nos dijo que eso ya queda en manos de la PGN y creo que eso es lo correcto. Él aceptó que hizo la propuesta de calidad de ciudadano. La propuesta la estoy cuestionando en materia económica», dijo Barreda.
INSTRUCCIÓN PRESIDENCIAL
Al finalizar la citación, la procuradora Annabella Morfin informó que luego que APM Terminals les notificó formalmente haber aceptado la propuesta elaborada por Aizenstatd, se pidió autorización al presidente Jimmy Morales para conocer la sugerencia para determinar si esa negociación es viable y el mandatario aceptó, dijo.
Ante eso, la Procuraduría General de la Nación (PGN), envió un oficio a los ministerios de Finanzas, Economía y Comunicaciones para que remitan información sobre el acuerdo; el diputado Barreda pidió que el titular de Finanzas, Julio Héctor Estrada, se ausente del tema por la relación que tiene su familia con los puertos.
