POR SAIRA RAMOS
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El acuerdo que aceptó APM Terminals con el Estado de Guatemala por el Caso TCQ no es válido y podría tener complicaciones legales, declaró Carlos Barreda, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien señala al interventor Alexander Aizenstatd de incurrir en varios ilícitos al plantear una propuesta al dueño de la terminal portuaria cuando, a su criterio, no tiene facultades para negociar en nombre del Estado.
La crítica de Barreda se hizo pública luego que APM Terminals aceptó la propuesta de Aizenstatd, la cual busca que ese consorcio pague una reparación civil al Estado de Guatemala de US$43.2 millones, unos Q327.4 millones, por los daños causados con la creación, con actos corruptos, de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
El manifiesto del diputado se hace porque Aizenstatd es un interventor nombrado por un juez de Extinción de Dominio y no tiene las “funciones ni potestades para negociar un acuerdo con la empresa”.
Por esa razón, la confirmación de APM Terminals al aceptar la sugerencia del interventor da a entender “que hubo reuniones –previas– donde se alcanzó el acuerdo”.
“Él no tiene la potestad de ningún acuerdo y sí se puso a negociar cometió abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y usurpación de funciones. ¿A cuenta de qué va a venir la empresa a decir que sí acepta?, entonces él se reunió con ella –APM–. El juez –de Extinción de Dominio– le autorizó que se reuniera. El juez le instruyó que hiciera esas negociaciones”, declaró Barreda.
En su crítica Barreda refirió que el Congreso no puede aprobar un nuevo negocio con APM Terminals porque con eso se aceptaría que el contrato alcanzado durante la administración del expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, es legal y con ello se estaría exculpando de todo a los involucrados en el Caso TCQ, algo que serviría para que “salieran libres los españoles” en referencia a los empresarios que crearon esa terminal.
“Esto tiene complicaciones hasta en el proceso judicial. Aizenstatd se extralimitó y queremos que llegue al Congreso para que nos explique; el Congreso no puede aprobar una concesión dándole el negocio a APM –como se propone– cuando debería hacerse una licitación pública y lo establece la Ley de Contrataciones”, dijo.
BAJO SUPERVISIÓN DEL JUEZ
Ante la crítica de Barreda, La Hora contactó al interventor Aizenstatd quien dijo vía telefónica que la persona apropiada para hablar sobre el tema es el juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, ya que su trabajo está bajo su supervisión, o en todo caso, con las personas que lo nombraron, la fiscal del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velásquez.
Previo al cierre de esta edición, el juez Villeda dijo que no podía referirse al manifiesto del diputado porque no conocía sus declaraciones.
ENTREVISTA
Lea también la entrevista con Susanne Marston, vicepresidenta de APM, la firma que adquirió la Terminal de Contenedores Quetzal.
