POR SAIRA RAMOS
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Un día después de su juramentación –el sábado 23 de julio– el director del Sistema Penitenciario (SP), Nicolás García, aceptó negociar con los reos de la Granja Penal Pavón quienes le pidieron restituir las visitas a la prisión a cambio de entregar las armas utilizadas el día de la masacre que dejó el saldo de 14 víctimas mortales, entre ellas, Byron Lima, así como teléfonos y estupefacientes ingresados de forma ilegal.
Según García, el convenio con los reclusos se alcanzó porque estos se “comprometieron a entregar todos los ilícitos que pudieran existir en los sectores en donde tienen el control”. Además, de darle información sobre la masacre donde murió Lima, excapitán del Ejercitó, quien cumplía una condena por el asesinato de monseñor Juan Gerardi.
“Conozco a los –reos– voceros de Pavón y tengo la confianza de que cumplirán el convenio. Ya estoy definiendo la fecha en que me reuniré con ellos”, dijo el director del SP al finalizar una citación legislativa donde negó que con este acuerdo evidencie en los primeros días de su gestión que no tiene autoridad y el control de los centros preventivos como la Granja Pavón.
“El acuerdo se alcanzó a cambio de programas de rehabilitación”, añadió García.
En sus declaraciones a la prensa, el funcionario desvinculó a Marvin Montiel alias “El Taquero” y a Eduardo Villatoro, alias “Guayo Cano” de ser los responsables de la masacre en la Granja Penal Pavón porque ambos estaban recluidos en el centro preventivo Pavoncito.
CRÍTICAS
El relator contra la Tortura y Tratos Crueles, Carlos Solórzano, criticó el acuerdo alcanzado entre los reos y García, porque aunque el Sistema Penitenciario debe velar por los derechos de los reclusos, el director no puede avalar una orden de los privados de libertad que cumplen diferentes condenas en ese centro penal.
