Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El editorial de hoy de Prensa Libre confirma mis mayores temores respecto a la estúpida idea de que un interventor podría proponer un arreglo en el caso de TCQ antes de que los holandeses dueños de la empresa dieran señales inequívocas de buena fe. Al margen de que ahora APM no se conforma con lo que graciosamente le ofreció el interventor y piden una concesión por más tiempo, el asunto es que ese precedente puede servir para que en el futuro se pacte con los dueños de otros negocios producto de la corrupción para solventar la situación.
Prensa Libre termina su editorial afirmando: “Vale la pena reiterar que es correcta la base de la decisión de TCQ. Solo falta emularla en otros casos en los que los intereses nacionales han sido vulnerados y además recurrir a sugerencias basadas en la lógica y la buena voluntad de los participantes.”
En casos de corrupción no valen sugerencias basadas en la lógica y la buena voluntad de los implicados, sino simplemente la aplicación de la ley. Prensa Libre se ha enfrentado directamente y de manera frontal con el dueño del usufructo de las frecuencias de los canales de televisión abierta y, según la lógica de su editorial, si los canales ahora son vendidos a otra persona y ésta se acerca a negociar pagando alguna multa, tiene derecho a que se olvide por completo el origen de esos usufructos gracias a alguna “sugerencia basada en la lógica y la buena voluntad de los participantes”, como pregona el editorial.
Creo que no entendieron lo que hay atrás de todo esto porque se está comprometiendo la lucha contra la corrupción bajo la premisa de que todo se puede arreglar. Primero fue la Procuradora General de la Nación quien dijo que más valía mal arreglo que un buen pleito y luego fue el interventor quien, sin facultades legales para actuar, se sacó de la manga una propuesta que no era respuesta a acciones de APM para mostrar su buena fe, sino que ocurrió cuando esa empresa está atacando mediante impugnaciones la nulidad solicitada por la PGN.
Si tuvieran buena fe no debieron impugnar la nulidad, sobre todo sabiendo que ya estaban “negociando” con altas autoridades y que la propuesta del interventor era de compadre hablado porque estaban ya de acuerdo desde antes de que a él “se le ocurriera” hacer el ofrecimiento.
Mi mayor temor, y se lo dije a ese interventor la única vez que le he visto, es que ese precedente pueda esgrimirse para “resolver” otros casos de corrupción que debieran llegar a extinción de dominio. En Guatemala estamos acostumbrados a que todo se puede apalabrar y eso ocurrió en este caso en el que la colusión entre el interventor judicial y los propietarios del negocio es más que evidente.
Prensa Libre ya lo dijo. Para ellos hay que emular ese mal arreglo en otros casos en los que los intereses nacionales han sido vulnerados por la corrupción. Al fin de cuentas, nuestra dignidad vale tan poco que aún frente a la corrupción aceptamos que vale más un mal arreglo que un buen pleito judicial.
