POR SAIRA RAMOS
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En el Congreso de la República se instalaron mesas de trabajo para la construcción de una propuesta de política pública para la reparación digna y transformadora por violencia sexual, embarazo y maternidad forzada en niñas y adolescentes, la cual promueve la Fiscal General del Ministerio Público (MP).
El proyecto adoptado inicialmente por la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia Morales y la diputada Sandra Morán de Convergencia, busca que el MP tenga un registro de los violadores sexuales que hayan cumplido una pena por ese delito cinco años después para evitar que este pueda reincidir en ese hecho.
Según Morales, la propuesta de la fiscal Thelma Aldana no atenta con los derechos de los exconvictos porque esta se trabaja de conformidad en el Código Penal que establece la pena accesoria a la sentencia. Con este proyecto de ley, se buscará que el Estado asegure que los menores no serán abusados nuevamente.
La idea de Aldana, según la magistrada, es que una vez una persona recobre su libertad por el delito de violencia sexual deberá registrar su domicilio en el Sistema Penitenciario (SP), de esa forma el MP controlará que los hechos de ese tipo hayan sido cometidos por el exconvicto con una prueba de ADN que resguardará el Instituto de Ciencias Forenses (Inacif).
