KATERIN CHUMIL
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Cinco líderes comunitarios fueron absueltos y dos fueron condenados anoche por un tribunal de mayor riesgo, después de que la fiscalía los acusara de secuestro y destrucción de instalaciones judiciales durante protestas contra la instalación de una central hidroeléctrica de Santa Cruz Barrillas, Huehuetenango.
Mynor Manuel López Barrios, Francisco Juan Pedro, Arturo Pablo Juan Sotero y Adalberto Villatoro Hernández fueron acusados de incitar a un grupo de personas para que secuestraran en 2013 a 11 trabajadores de la hidroeléctrica que acudían a laborar y los obligaran a firmar un documento donde se comprometían a no trabajar más en la planta. «Juan Pedro» y «Pablo Juan» son apellidos legalizados en Guatemala.
La fiscalía también acusaba a Bernardo Ermitaño López Reyes de haber organizado a la comunidad en 2014 para evitar que se llevaran a prisión a López Barrios, Juan Pedro, Juan Sotero y Villatoro Hernández. Además, acusaba a Rigoberto Juárez Mateo y Domingo Baltasar de coaccionar al juez para dejar en libertad a dos campesinos acusados de asesinato.
El tribunal condenó a López Reyes a 3 años de prisión por obstrucción de la justicia y a Roberto Juárez Mateo a seis meses de cárcel, pero el tribunal, suspendió la condena por considerar que ya han pasado en prisión preventiva, mientras se disolvía su situación judicial. El tribunal ordenó la inmediata libertad de los sietes líderes comunitarios.
La jueza Yassmín Barrios, presidenta del tribunal, pidió «no criminalizar a los pueblos indígenas. Todos tenemos derecho a vivir en paz», indicando que para el tribunal no existían pruebas suficientes de las acusaciones.
