Lucrecia de Palomo
Un día de la semana pasada, como a eso de las once de la mañana, vi entrar muy molesta a una persona del equipo de trabajo, iba casi llorando. Sabía yo, como parte del grupo, que llegaría tarde porque debía ir a una cita al IGSS. Al inquirirle sobre la razón de su estado de ánimo me dijo: “Lo tratan a uno como si fuera limosnera. Cuatro horas esperando a ser atendida para tan solo constatar que mi expediente llegó con un diagnóstico equivocado y por tanto debe regresar a donde inició el calvario.”
Desde hace más de un año, esta maestra padece de un fuerte dolor en la mano, por lo que luego de una serie de evaluaciones médicas efectuadas en cada ocasión por varios profesionales lo que conllevaba a duplicidad de exámenes de laboratorio, que generalmente se hacían incompletos y por ende debían de repetirse, resultaba que cada cita era como si fuera nueva. Fueron muchas citas en las clínicas del IGSS y meses hasta que al fin se le dio un diagnóstico. “Ahora sí, a la clínica especializada” pensó. Más de un año, soportando el dolor y buscando la ayuda médica a la que tiene DERECHO porque cada mes ella y la empresa pasan a la institución la cuota mandataria. ¡Pero sorpresa! el calvario seguirá.
No solo a ella le sucede. Me decidí escribir esta nota, porque el maestro de educación física tuvo un problema en su rodilla esta semana y se fue a la emergencia al IGSS. Después del tormento correspondiente, una enfermera le dio el diagnóstico que él no aceptó, por lo cual pidió un médico. Ella le indicó que ya llegarían, pero que debía inyectarle un desinflamatorio, lo que hizo. Al llegar el Médico a evaluarlo, la enfermera le indicó que ya le había inyectado a don… y dijo el nombre de la medicina; pero se refirió al paciente con otro nombre, tanto el médico como el paciente constataron que la inyección no era para el maestro, que se le había proporcionado la medicina de otra persona.
Dos historias dentro de las decenas que puedo contar solo de trabajadores de nuestra institución, con tan solo 53 empleados. Si hacemos porcentajes podría decir que un 40% de los empleados utilizan el servicio del IGSS y de ese 40% un 90% no reciben la atención necesaria y algunas veces, como en estos dos casos, puede llegar hasta ser nociva. Viene a mi memoria otro caso, que sucedió hace aproximadamente dos años a otro compañero que fue diagnosticado allí con cáncer en la piel y debió pasar sin tratamiento dos años porque los papeles iban y venían sin que se le asistiera; fue entonces cuando su familia tomó la decisión de ir a lo privado y gracias a Dios lo hicieron porque para sorpresa de todos, el diagnóstico fue diferente (pero si hubiera tenido cáncer dos años en espera hubiera sido mortal).
Lo que se olvida en el IGSS es que el sector privado paga sus cuotas mensuales, por tanto se tiene DERECHO al servicio de salud. No les hacen un favor, es una obligación. Pero para quejarse los afiliados, tan solo queda este medio. Aun cuando ya en una ocasión se envió carta a la Junta Directiva para hacer de su conocimiento lo que sucedía, con copia a la Procuraduría de los DD. HH., no se tuvo respuesta, eso sí, si se deja de pagar, las multas son inmediatas. La única esperanza hoy para los cambios nacionales es la CICIG, pero como no le compete este tipo de situaciones, quisiera que alguien me indique qué se puede hacer.
