POR REDACCIÓN LA HORA
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La muerte de Byron Lima, considerado el reo más influyente del país, deja un vacío de poder en el Sistema Penitenciario (SP) que intentará ser llenado por otros grupos criminales. Este escenario podría cambiar si el Estado aprovecha esta situación para retomar la administración de los centros penitenciarios; sin embargo, no está clara la capacidad de las autoridades para enfrentar este problema.
La versión oficial de los acontecimientos ocurridos el pasado lunes en el centro penitenciario Pavón es que una disputa por el control de la cárcel se convirtió en una masacre que dejó 13 reos muertos, entre ellos al capo de las cárceles, Byron Lima Oliva.
En el atentado también murió una mujer de nacionalidad argentina, que según indicaron las autoridades estaba visitando al excapitán del Ejército.
Las investigaciones contra los responsables de este hecho aún están en curso y no hay nada claro.
Sin embargo, una cosa es certera: tras la muerte de Lima, los grupos criminales que hasta ahora tuvieron que compartir cuotas de poder con el reo tratarán de hacerse del vacío de poder generado.
Analistas expertos en justicia y seguridad coinciden en que esta “crisis” es alarmante, en tanto se podrían multiplicar los conflictos violentos entre privados de libertad, pero también consideran que la situación puede ser aprovechada por las autoridades para retomar el control del SP.
“El SP ha funcionado hasta ahora como una estructura criminal que extorsiona dentro de las cárceles a los privados de libertad. Ha habido violencia, hay corrupción y todo un sistema que ha favorecido a particulares, es responsabilidad del Estado de que los grupos criminales hayan tomado control de Pavón. Sin embargo, ahora hay una posibilidad de que el Estado, a partir de esta disputa entre poderes criminales por el control del centro penitenciario, retome la administración del mismo”, señala Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala.
Para lograr esto se requiere una reacción rápida y eficaz del Estado, explica el analista. “Se le tiene que dar prioridad al SP, que por años ha sido la cenicienta del sistema”, dice.
¿DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD?
Oswaldo Samayoa coincide en que el vacío de poder es una oportunidad para que el Gobierno tome control de la cárcel; sin embargo, a su criterio, las declaraciones que dio el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, n o son esperanzadoras en ese sentido.
“Lo que están diciendo es: no tenemos la capacidad de hacerlo, no sabemos cómo hacerlo y no hay un plan para poder ejecutar. Entonces, a pesar de ser un buen ministro, evidencia la debilidad histórica del Sistema Penitenciario”, agrega.
Samayoa señala que desde hace muchos gobiernos se viene debilitando al SP de forma estructural. “Esta debilidad no ha sido atendida de forma adecuada por dos cuestiones: porque se utiliza de forma electoral y porque hay una desatención del Estado en cuanto a los fines que tiene que cumplir sobre las personas que están en privación de libertad”.
El experto cree que se debe trascender de un diálogo político a un diálogo académico que permita establecer cuáles son las estrategias y lineamientos para recuperar el SP. “Hay que transformar la infraestructura del SP y garantizar un manejo administrativo adecuado de los centros de privación de libertad. Las estructuras criminales tienen mayor capacidad de cooptación ahora y cualquier estructura que adquiera ese poder va a tratar de consolidarlo en los 22 centros penitenciarios y eso llevará a fuertes agresiones”.
¿QUIÉN SE IMPONDRÁ?
Si las preocupaciones de Samayoa son acertadas y el Estado es incapaz de aprovechar la oportunidad que abrió la reciente crisis, lo que ocurrirá es que se repetirá el ciclo de cooptación que ha funcionado por años en la institución.
Corinne Dedik, del Centro de Investigaciones Económicas de Guatemala (CIEN), advierte que Lima Oliva no era el único privado de libertad con poder en el SP y que otras estructuras ya deben estar buscando imponerse.
La investigadora considera que, si bien el presupuesto es una limitante, hay acciones inmediatas que pueden tomarse. “Cualquier hecho violento debe ser investigado a fondo y si hubo participación de las autoridades se tiene que procesar a los responsables e iniciar una depuración del centro penitenciario”, señala.
En cuanto a las medidas de largo plazo, Dedik sugiere que se realice un censo de la población privada de libertad, ya que no existen datos completos al respecto. Además se deben implementar programas efectivos de reinserción y socialización, desarrollar una cerrera penitenciaria, hacer una separación de los reos por nivel de peligrosidad e iniciar un proceso para descongestionar las cárceles.
PREOCUPACIÓN DE LAS AUTORIDADES
La riña que dejó 14 muertos el lunes ha generado la preocupación de las autoridades, que plantean la necesidad de una pronta reestructuración del sistema penitenciario del país.
El presidente Jimmy Morales, la fiscal general Thelma Aldana y el ministro Francisco Rivas se reunieron ayer para tratar el tema y analizaron posibles acciones a implementar con el fin de recuperar el control de las prisiones, que han quedado en manos de reos gracias a la corrupción.
Aldana explicó que Morales le solicitó una pronta investigación y al Ministro de Gobernación le pidió acciones rápidas para retomar el control del SP.
«El primer problema que abordamos fueron los hechos sucedidos y sobre la preocupación del sistema carcelario del país, de cómo durante muchísimos años se ha desatendido. La primera preocupación fue la muerte de los privados de libertad; en el año van 36 muertos», dijo Aldana.
En conferencia de prensa Morales anunció la construcción de tres centros carcelarios para evitar el hacinamiento.
«El Sistema Penitenciario de Guatemala es un sistema que está completamente colapsado», afirmó el mandatario al hablar sobre el añejo problema que se remonta a décadas.
La Fiscal dijo que una de las medidas que se está considerando como alternativa a la prisión es el uso de brazaletes. Es «una posibilidad cercana», afirmó.
MUERTES POR DESCONTROL
La hipótesis de lo ocurrido en la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, a 18 kilómetros al este de la capital guatemalteca, es que se trató de un pleito entre dos grupos de reos por el control de la prisión. El primero estaba liderado por Byron Lima Oliva, capitán del Ejército en retiro, uno de los muertos.
Julia Barrera, vocera de la fiscalía, dijo que Lima había sido identificado por las huellas dactilares. El Instituto Nacional de Ciencias forenses reportó que el reo murió por impactos de bala en la cabeza.
En 2001 Lima fue condenado, junto a su padre Byron Lima Estrada (que ya había cumplido su sentencia), a 30 años de prisión, que luego fueron reducidos a 20, por el homicidio de monseñor Juan José Gerardi Conedera en 1998. Éste fue asesinado dos días después de presentar un informe sobre la verdad histórica del conflicto armado en Guatemala, en la que evidenciaba los excesos cometidos por miembros del Ejército guatemalteco.
El reo estaba cerca de cumplir su condena pero no de salir de prisión, ya que la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un órgano de las Naciones Unidas, habían iniciado un nuevo proceso en su contra por haber formado un imperio millonario dentro de la prisión a base de corrupción y amenazas.
Según las autoridades, la riña era entre Lima y Marvin Montiel, un narcotraficante local que fue sentenciado a 820 años de prisión por contrabando de drogas y el asesinato de 15 nicaragüenses y un holandés en un caso relacionado a narcóticos.
Un grupo de reos armados atacaron con una granada a Lima y a otros prisioneros que le brindaban seguridad, y posteriormente les dispararon con armas de fuego e hirieron con armas blancas, señalaron funcionarios. Al menos 4 de las víctimas estaban decapitados, dijo Rivas el lunes.
El presidente recordó que conoció a Lima en la prisión debido a que filmó una película en el lugar durante cuatro días, pero que no mantenía una relación de amistad con él.
«Es lamentable la muerte de cualquier guatemalteco… y en la manera en la que murieron», afirmó Morales.
Trece personas habían fallecido el lunes, 12 reos y una mujer de origen argentino que estaba de visita en la prisión. Otro prisionero murió el martes en un hospital local por heridas de bala, confirmó Barrera.
Lima fue enterrado el martes en medio de hermetismo de su familia. Luis Lima, hermano del reo fallecido, dijo a periodistas el lunes que su hermano había sido ejecutado extrajudicialmente y exigió una pronta investigación.
En diciembre de 2015 una riña en la Granja de Rehabilitación Canadá ubicada en Escuintla, en el sur del país, dejó 16 reos muertos.
