Jorge Mario Andrino Grotewold
Esta iniciativa, responde a las graves estadísticas que se tienen, no sólo en Guatemala, sino en múltiples países del mundo, en las cuales las niñas y adolescentes contraen matrimonio a edad temprana, con escasos recursos, sin maduración como mujer y sin haber vivido su niñez plenamente. Iniciativas similares se han presentado en México y en otros países, derivado de similitud de legislaciones en las que se permite el matrimonio de esta forma, y para lo cual se ha conformado una Mesa Interinstitucional para apoyarla. En Guatemala, la mesa a favor de las niñas y las adolescentes es un espacio interinstitucional que promueve los derechos de las niñas y las adolescentes, conformada por trece organizaciones de sociedad civil, organismos internacionales, organizaciones internacionales de cooperación y la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, buscando que prevalezca el interés superior de las niñas y adolescentes.
Unicef ha establecido un programa exitoso educativo para niñas, en las que se explica las circunstancias de desventaja de un matrimonio prematuro, especialmente para las niñas, a quienes se les considera una población en riesgo de salud, por embarazos complicados, o por contagio del virus del VIH, entre muchos otros. Sin embargo, la educación no es suficiente en un país como Guatemala donde inclusive el matrimonio se autoriza –y quizá hasta promueve– por los propios padres de familia, por múltiples razones, desde económicas hasta culturales. Una de las cifras mundiales más interesantes que se conocen, proviene de un informe presentado en 2005 por el Fondo de Población de la ONU, mediante la cual determinó que a esa fecha se calculaba que 14 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años daban a luz, y que este grupo de mujeres tienen más probabilidades que otras mayores de morir durante el embarazo o el parto.
La exposición de motivos de esta iniciativa presentada en Guatemala determina que el artículo que se pretende reformar, ya fue impugnado ante la Corte de Constitucionalidad, pero su elemento de contención fue atacar la discriminación en virtud de tener una diferencia de edad –mujeres 14, hombres 16– para autorizar el matrimonio, habiendo declarado la CC que no existe vulneración, pues por factores biológicos, esta diferencia de edad se justifica por su maduración mental y física. La vía para alcanzar el cambio en este factor entonces, debe ser legislativa, por lo que el Congreso debe aprobar esta propuesta, que aunque no soluciona el problema que el país enfrenta, es parte de esa ruta de mejora, que implica además la educación, los cambios de patrones culturales patriarcales, el fortalecimiento de la familia, entre otras.
La sociedad guatemalteca debe apoyar esta propuesta y exigir al Congreso de la República su aprobación. Los Objetivos del Milenio definen el problema de forma acertada, por lo que la cito textualmente: “El matrimonio infantil es una respuesta a la miseria y al mismo tiempo una práctica perniciosa que mantiene a las familias atrapadas en la pobreza. Las niñas y niños casados prematuramente suelen sentirse aislados, se les aleja de sus familiares más cercanos, se les saca de la escuela y se les niega la relación con los de su propia edad”.
Matrimonio a los 18. Es sencillo, es lógico y es urgente para el país.
