San Salvador
DPA
La Justicia de El Salvador declaró ayer inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, porque impide la investigación y sanción de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de la guerra civil en ese país.
El fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece que la amnistía es contraria al derecho de protección de los derechos fundamentales, porque impide el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos.
La guerra salvadoreña ocasionó más de 70.000 muertos, 8.000 desaparecidos y casi un millón de refugiados.
El informe de la comisión de la verdad, auspiciada por las Naciones Unidas (ONU) determinó que el ejército y los cuerpos de seguridad fueron culpables de más del 80 por ciento de los crímenes de guerra, entre ellos masacres, asesinatos selectivos, torturas y desapariciones forzosas.
El fallo judicial indica que «los autores materiales o directos generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían. Todo lo cual implica una necesaria responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de derechos fundamentales».
Crímenes como el del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, cuando fueron asesinados más de 1.000 campesinos, así como la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, no se han juzgado en El Salvador puesto que los jueces se han amparado en la citada amnistía de 1993.
La Sala también indica que la citada amnistía reviste la inconstitucionalidad debido a que «contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues obstaculiza e impide una forma de reparación o remedio que la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos invocado, sí garantizan en los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales».
Observadores locales indican que la decisión de la Sala de lo constitucional abrirá intensos debates en medio de una sociedad dividida y polarizada.
