Claudia Escobar. PhD.
claudia_escobar@radcliffe.harvard.edu
Hace diez años el Gobierno de Guatemala solicitó a la Organización de Naciones Unidas el apoyo para fortalecer nuestras instituciones y lograr reducir los altos índices de impunidad, motivo por el cual se creó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG. Dicha entidad contempla dentro de su mandato, hacer recomendaciones al Estado de Guatemala para las reformas jurídicas necesarias a fin de que se adopten políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad.
Algunos ciudadanos, a través de los medios de comunicación, han expresado su malestar porque en el Diálogo Nacional a través del cual se promueve la Reforma Judicial, la CICIG es parte de la Secretaría Técnica y también porque la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- apoya dicha iniciativa. A su criterio la participación de estas entidades es una injerencia extranjera que atenta contra nuestra soberanía.
Al comprometerse a formar parte de los organismos internacionales, los Estados renuncian a una porción de su soberanía nacional. Sin embargo, los beneficios derivados de participar en estos organismos, pesan más que las desventajas de permanecer aislado. Guatemala reconoció esto desde el año 1945 cuando aceptó ser miembro fundador de la ONU.
Al suscribir otros convenios y tratados internacionales, nuestro país también ha aceptado cumplir con ciertos parámetros de legalidad. Por ejemplo, según los principios del Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y Centroamérica: “Las Partes reafirman su adhesión a la buena gobernanza y al Estado de Derecho, lo que supone, en particular, el imperio de la ley, la separación de los Poderes, la independencia del Poder Judicial, procedimientos claros de toma de decisiones por parte de las autoridades públicas, instituciones transparentes y responsables, la administración eficiente y transparente de los asuntos públicos a nivel local, regional y nacional, y la aplicación de medidas destinadas a prevenir y combatir la corrupción.”
Los efectos de un sistema judicial que no funciona tiene repercusiones para los países vecinos y para el resto de la región, por eso a otros estados también les interesa que nuestro país salga adelante en temas de desarrollo, y que las instituciones de justicia sean efectivas. No podemos argumentar intromisión extranjera cuando las entidades internacionales acompañan un proceso de fortalecimiento institucional y su apoyo enriquece un diálogo nacional que promueve cambios profundos en un sistema que ha servido para generar impunidad.
En su obra “The New Sovereignty” Abram Chayes sostiene que en un sistema internacional que es cada vez más interdependiente, los estados ya no tienen la libertad de actuar con total independencia, pues se deben someter a las presiones de la regulación internacional. También argumenta que la soberanía ya no significa grandes aparatos militares del Estado, sino la capacidad de influenciar.
La importancia de la diplomacia en el mundo moderno está creciendo. Algunos estados de Latinoamérica han creado ejércitos de diplomáticos que les representan exitosamente en diversos organismos internacionales, sin embargo, pareciera que los guatemaltecos nos hemos enfrascado en autodestruirnos. Ahora que tenemos la oportunidad de un diálogo nacional, podemos aprovechar la coyuntura para fortalecernos y promover a través de las instituciones un verdadero Estado de Derecho, que en el futuro nos permita proyectarnos a nivel internacional.
