Isabel Pinillos – Puente Norte
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“…No hablo su idioma, mis papás están en Centroamérica. ¿Hablar con un abogado? Me da miedo. La verdad, solo quiero vivir, estudiar y un día trabajar honradamente. Al llegar a la frontera me entregué a los policías, no traté de esconderme. Levanté mis brazos y me rendí a su voluntad. Estuve más de un año encerrada, aunque quería ir a la escuela con los demás niños. No tengo delito; escapé de la violencia de mi barrio, de las extorsiones y de ser asesinada. Por favor, busco una vida normal”. En vez de poder defenderse con un argumento como el anterior, muchos niños, antes de encontrarse frente a un juez con toga, un micrófono y una sala de personas adultas ojeándolos de pies a cabeza, no se presentan o se quedan sin representación profesional.
Tras la crisis de 2014, según WOLA (*) cientos de miles de grupos familiares han sido confinados a centros de detención especializados donde han permanecido por meses y en algunos casos años. Ante ello, la semana pasada, una Corte de Apelaciones de San Francisco resolvió que esa detención violaba una disposición de hace 19 años que ordena la liberación rápida de los menores después de haber sido procesados. Este fallo ha despertado alertas, pues se presentan algunos escenarios como los siguientes: a) que los padres permanezcan detenidos y se libere únicamente a los menores; b) que los menores sean enviados a casa de otros parientes, y en caso de que no tengan: c) que sean dispuestos al servicio social o con una familia temporal mientras se dilucida su caso. Aunque el fallo de la corte aparenta un ánimo de protección a los menores, no se toma en cuenta que la ruptura familiar puede ser una peor opción, después de todo lo que ya han sufrido estos chicos.
Mientras tanto, el presidente Jimmy Morales giró orden para que los consulados promuevan una campaña de comunicación en Estados Unidos que se supone debe llegar a los menores –dispersos por todo el país– para que no dejen de asistir a las audiencias judiciales, pues perderían la oportunidad de un beneficio migratorio. Tristemente, este es otro ofrecimiento vacío. Pareciera que el Ejecutivo no tiene conocimiento de que su propia red consular es débil, que nunca ha conducido una campaña exitosa y que no cuenta ni con la profesionalización ni los recursos necesarios para ser escuchada por su propia comunidad. Después de seis meses de gobierno está claro que no se implementarán políticas preventivas y seguiremos escuchando la promesa arrastrada del gobierno pasado de que se abrirán diez nuevos consulados.
Caso tras caso, las cortes norteamericanas deberán aplicar la “Justicia”, ante el dilema absurdo en el que el niño huye de la violencia en búsqueda de la libertad, sin conocer el idioma, sin defensa y sin dinero. Mientras espera el fallo, estuvo confinado en cuasi-cárceles como si se tratara de un criminal de alta peligrosidad, y ahora está en peligro de ser expuesto a la calle sin la compañía de sus familiares que le acompañaron en dichos centros. Imagino la carga emocional y psicológica que significa esto para un ser humano en crecimiento. Pareciera un chiste cruel, una ficción sacada de una novela distópica al estilo de “Juegos del Hambre”, pero lamentablemente esta es la realidad de miles de niños centroamericanos.
