POR VIRGINIA CONTRERAS
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Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), en el estándar sugerido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Guatemala es el país de la región más rezagado y el único que no avanza en cuanto a la primera fase en torno al secreto bancario.
El Icefi estima que hay una evasión del 40.6 por ciento del Impuesto sobre la Renta y alrededor del 40.3 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, en este sentido, el secreto bancario abonaría para que esos niveles tan altos de evasión puedan ser reducidos.
Así lo refirió Walter Figueroa, analista económico del Instituto, quien señaló que es de suma importancia que el Congreso apruebe las reformas planteadas en la iniciativa de ley 5056, que dispone fortalecer la transparencia fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
INICIATIVA DE LEY 5056
En su marco general, la iniciativa 5056 pretende implementar medidas que permitan recuperar la confianza y cumplimiento tributario de los contribuyentes, la liberación del secreto bancario mediante orden de juez competente, para que la SAT pueda obtener información financiera de estos y así evitar la defraudación fiscal.
Además, los niveles de captación de recursos que permitan el financiamiento oportuno y suficiente del gasto público, entre otros.
Figueroa, recordó las palabras pronunciadas por el titular de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, en el marco del escándalo de Aceros de Guatemala, en donde mencionó que la importancia del secreto bancario para fiscalizar a la entidad y rescatar alrededor de Q810 millones de la administración tributaria.
ACCESO A LA INFORMACIÓN BANCARIA
El Superintendente, en distintas ocasiones, ha dicho que es fundamental que a la entidad que preside se le permita tener acceso a la información bancaria para poder realizar las fiscalizaciones que están en trámite, así como las de los periodos pasados que les serán solicitados.
El funcionario ha explicado que esperan que esta autorización pueda estipular plazos a las entidades bancarias para que cumplan con el requerimiento de la información y considera de suma importancia, que no tenga ninguna restricción de tiempo, ya que la SAT se encuentra revisando expedientes de años anteriores.
Según Solórzano Foppa, la ley les otorga cuatro años para hacer fiscalizaciones o revisar las declaraciones contables de cada uno de los contribuyentes y de ser limitada la utilización de esta información a cierto periodo de tiempo, se vería limitado el quehacer de la Superintendencia.
