POR REDACCIÓN LA HORA*
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Analistas reaccionaron ante las acciones del empresario español Ángel Pérez-Maura García, quien emprendió acciones legales para que la holandesa APM Terminals guarde silencio en torno al Caso Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por el cual tiene una orden de captura vigente.
Pérez-Maura, quien era vicepresidente del Grupo TCB (Terminal de Contenedores de Barcelona) y director de la filial guatemalteca TCQ, es uno de los principales implicados en la trama de corrupción que permitió la firma de un contrato irregular de usufructo con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ).
El empresario está prófugo desde el 15 de abril y ahora busca que APM Terminals, la empresa que adquirió TCB, no revele información a las autoridades nacionales sobre el Caso por el cual es investigado.
El abogado y analista Ramón Cadena opinó en cuanto a la postura que debiera tener la Procuraduría General de la Nación (PGN) en este Caso.
Cadena indicó que al ser la encargada de los aspectos legales del Organismo Ejecutivo, la PGN debía abstenerse de ceder a algún tipo de negociación con los involucrados en el Caso.
«Si es llamada por el Ministerio Público, debe emitir un dictamen o presentar sus opiniones ante el tribunal sobre los contratos que se emitieron y tienen que colaborar con el MP para esclarecer el hecho», dijo.
Además de esto, indicó que deberían rechazar la opción de llegar a «arreglos» con personas individuales o jurídicas involucradas en el Caso.
Según Cadena, debido a que el asunto atraviesa por un proceso penal, la solicitud puede ser ilegal.
A criterio del calificado, a ninguna persona individual o jurídica que esté sometida a un proceso se le puede pedir que guarde silencio, y mantenga un silencio cómplice con la corrupción.
En tanto Edgar Celada, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) opinó que si la empresa es seria debe colaborar y en cuanto a Pérez, debe responder ante la justicia.
«Tiene que presentarse ante los tribunales a responder a los cargos que se le imputan, nadie anticipa que es culpable, pero su actitud de estar prófugo y pedir que se proteja la información, solo lo inculpa más», señaló.
Celada explicó que ha existido debate sobre la llamada presunción de inocencia, pero en casos como este se hace difícil proceder, puesto que la actitud dice lo contrario.
Según Álvaro Pop, analista político independiente acotó: «es una estrategia de defensa por parte de Pérez- Maura, que trata de brindar culpas, asimismo existen fuertes sospechas de corrupción corporativa porque, ¿qué esconde?, si la empresa (APM) efectivamente se resiste en compartir información es porque hay riesgos».
A decir de Pop subraya: «Toda empresa internacional y transaccional que invierta o se instale en Guatemala, acepta de buena fe cumplir con las normas nacionales, este es un principio mundial».
Asimismo resalta Pop: «Habrá que revisar el acuerdo de asociación con la Unión Europea para ver cómo aplica en el Caso de Compañías Europeas – Holandesas, para compartir y estar efectivamente bajo el fuero de los tribunales nacionales. Porque efectivamente debemos regirnos bajo la Constitución y las normas nacionales, pero también hemos pactado una serie de compromisos con la Unión Europea».
Además en este Caso «hay mucho más de responsabilidades corruptas, de lo que parece», indica Pop.
*Con información de Kimberly López, Katerin Chumil y Virginia Contreras
EL CASO
El caso de corrupción salió a luz gracias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), que expusieron la participación de los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, así como de otras 15 personas en la firma de un contrato irregular, a cambio de sobornos, entre TCQ y EPQ.
Según las pesquisas, desde enero de 2012 y hasta al menos abril de 2015, los implicados se aliaron para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución de un contrato a favor de TCQ, destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la EPQ para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Para comprar a las autoridades guatemaltecas, TCQ pagó US$ 24.5 millones (aproximadamente Q183.7 millones) en sobornos.
