POR VIRGINIA CONTRERAS
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El Ministerio de Desarrollo (Mides) repartió 524 tarjetas de débito en Chuarrancho como parte del plan piloto del programa de transferencias condicionadas, que se implementará en el departamento de Guatemala en sustitución de las bolsas seguras. José Moreno, titular de la cartera, asegura que el cambio garantizará la transparencia de los fondos públicos invertidos y despolitizará el programa, utilizado para la compra de votos durante las pasadas campañas electorales.
L.H.: 14 mil familias recibirán transferencias condicionadas. ¿Quién los elige? Y ¿qué criterios se tomarán en cuenta?
José Moreno: Se ha empezado a elaborar un nuevo padrón, un nuevo listado que ha salido por cuestiones profesionales del Viceministerio de Política Social. Fue necesario realizarlos de nuevo porque los anteriores se encontraban totalmente falseados, ya que de un listado de 21 mil beneficiarios que se envió a Renap (Registro Nacional de Personas) 6 mil no coincidían con nombres y el Documento Personal de Identificación (DPI).
De esa cuenta, se evidenció que mucha gente pertenecía a partidos políticos y rehacer ese listado es lo que ha llevado tiempo.
Se dio inicio con un plan piloto simplificado en Chuarrancho hace algunos días y fue un total éxito. Realizarlo llevó tiempo, porque todo lleva un proceso. No podía ser de la noche a la mañana, porque se debían elaborar muchas cosas.
Se debía realizar dentro del ministerio porque ya no iba a salir la bolsa, que por todos es sabido que había demasiada corrupción, donde incluso se prestaban los industriales de este país para poder dar comisiones bajo la mesa, hasta a posibles ministros y otros funcionarios de este ministerio. Son cosas que se hablaban y que se decían porque no hay pruebas, pero por algo no querían entrarle a una tarjeta de débito.
Valerie Julliand, ex representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), me comentó que hace 3 años, cuando vino al país, lo trató de sugerir en este ministerio, pero nunca le hicieron caso.
Hemos sugerido ante el Ministerio de Finanzas para el año entrante Q90 millones para invertir en esto. Eso quiere decir que podremos dar a más familias y más seguido.
El año 2015 fue un año atípico donde esta bolsa de alimentos se dio solo una vez. El Partido Patriota estaba esperando hacerlo dos veces antes de las elecciones y, por lo que de todos es sabido, ya no se llevó a cabo. El dinero no les vino, por eso fue que no se ejecutó y por eso se dio la baja en el Ministerio de más de 500 millones de quetzales en el presupuesto de este año con relación al del 2015.
Estamos ya con Finanzas, que nos ha asignado Q197 millones más para el 2016, para retomar este programa social que es muy importante para este ministerio, para la gente que está en pobreza, extrema pobreza y en situación de vulnerabilidad.
Para enviar la ayuda se cuenta con seis grupos del ministerio donde están saliendo diariamente de Chuarrancho a San Raymundo, San Juan y San Pedro Sacatepéquez a constatar y a ver en colonias y aldeas donde están estas personas de mayor riesgo o de mayor necesidad.
Se les hace un estudio socioeconómico que consta de 26 preguntas y se están «georreferenciando» las viviendas. Se toma una fotografía de la persona, el DPI y la vivienda, esto quiere decir que en un mapa se puede ver perfectamente en qué montaña o en qué lugar están las viviendas de estas personas.
Esto es algo novedoso, no se llevaba a cabo en este ministerio, nosotros no tenemos nada que esconder.
Queremos antes de fin de año dar a conocer los listados de los beneficiarios, tanto este programa como el bono condicionado a nivel nacional, porque creo que todos los vecinos tienen la obligación de saber quiénes son las personas más vulnerables de sus municipios y de sus aldeas. Por cuestión de seguridad no se mostrará el Documento Personal de Identificación (DPI), pero los nombres se publicarán.
No tenemos nada que esconder porque respondemos al mandato del presidente Morales: la cero tolerancia a la corrupción y también transparentar los programas sociales.
L.H.: ¿Cuál fue el proceso para elegir a Banrural como el emisor de las tarjetas de débito? ¿Qué criterios se utilizaron?
Los criterios partieron de las charlas que se abordaron con VisaNet. Se escogió a Banrural porque es el que tiene más agencias, además por su responsabilidad social empresarial, debido a que el porcentaje que maneja es mínimo para llevar a cabo estas transacciones.
Esto tiene colaterales beneficiosos: primero porque los tenderos deben estar inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). No se trata solo de sacar de la pobreza a la gente, sino que en los comercios se mueva el dinero, ya que antes el dinero salía del Mides para los proveedores y estos llevaban su producto a las bodegas, allí se pagaban más de Q200 mil mensuales, más el personal que embalaba estas bolsas, más las bolsas, etcétera.
Luego, llegaba al beneficiario con un valor de Q180 aproximadamente, pero la entrega realmente tenía un mayor valor derivado de las personas que hacían cola desde la madrugada hasta mediodía, cuando recibían el producto. Era un gran show el que se hacía.
Por esa razón, en el primer plan piloto que se realizó no se quiso invitar a la prensa, ya que, como se lo manifesté a una persona de un organismo internacional, con nuestra pobreza no se lucra. Es una forma de pensar del presidente Morales y de su servidor. Suficientes pobres tenemos para estarlos enseñando.
L.H.: ¿Qué beneficios recibirá Banrural por este servicio? ¿Cuánto recibirá por prestar el servicio y quién lo pagará?
El banco que está prestando el servicio no cobra un solo centavo, ni al beneficiario, mucho menos al ministerio como Gobierno. El que paga un porcentaje es la abarrotería, es un 2.5 por ciento de la transacción que se hace y el banco en su responsabilidad social empresarial devuelve el 0.75 o sea, la abarrotería paga solo Q1.50 por cada cien quetzales consumidos por la población.
Banrural será el encargado en esta primera etapa, puesto que ya se firmó una carta a VisaNet, para ofrecerles a los bancos que estén interesados a entrar. Incluso hay charlas con Luis Velásquez, quien es el nuevo gerente del Crédito Hipotecario Nacional, quien dijo que podrán entrar en este año sin cobrarle nada al establecimiento.
Todavía hay que ver las facilidades que nos están ofreciendo, pero por el momento tenemos un trato con el banco que mejor tasa de interés le dé a la tienda.
Aquí no hay ningún negocio de por medio, todo es transparente, son procesos que se han llevado dentro del Mides. Son contratos que se han firmado sin exclusividades.
L.H.: El Mides indica que la transferencia monetaria condicionada garantiza la transparencia ¿de qué modo? ¿Cómo se fiscalizará este gasto?
No se están tocando los fondos, tampoco se están llevando a cabo compras en Guatecompras o donde sea, no se están contactando a los proveedores. Ellos tendrán que ir con sus carros a los municipios para poderlas abastecer. No se les pagará nada a ellos, la tarjeta de débito pagará a la tienda y esta a los proveedores.
El Mides realizará la transferencia monetaria condicionada para alimentos a la tarjeta de débito mensualmente con Q250. En República Dominicana este proyecto ya lleva años en práctica y la gente sabe bien qué día es cuando se les deposita.
El programa no está hecho para realizar compras en tiendas grandes ni supermercados, es para incentivar el comercio local y la economía local.
L.H.: ¿Cómo evitarán las transferencias que se continúe con el uso de programas sociales para fines políticos?
Con el sistema que se está realizando, en donde se georreferencia a las personas. No están en la posición de tomar listados de alcaldes, amigos de estos, parientes. No estamos en esa posición. Si la curia o cualquier iglesia refieren a otras personas que estén en vulnerabilidad, se enviará a personal a buscarlos y, conforme eso, se les hace su ficha y estudio socioeconómico.
L.H.: En el caso Cooptación del Estado se estableció que para ganar la elección, el PP sobornó a líderes comunitarios, quienes tenían control sobre la distribución de la bolsa solidaria, para que no llevaran a votar a las personas de las poblaciones beneficiadas. ¿Cómo se podrá evitar que se repita esta mala utilización del programa social?
En el 2011 la situación del voto fue diferente a la del 2015, creo que en esa época la gente recibía algo a cambio del voto. En esa época posiblemente algunos candidatos dieron bolsas, en donde algunos proveedores brindaron los productos, las llenaron y las entregaron en algunos mítines.
En tanto, la campaña del presidente Morales fue muy austera, él se bajaba de un vehículo en la entrada de la población y caminaba durante 7 cuadras y al final de ellas estaba la tarima, que era muy sencilla y ahí se paraba y daba su discurso. Nunca se dio ni regalos ni bolsas ni nada por el estilo.
Sabemos que lo hicieron otros candidatos, posiblemente no con bolsas de este ministerio.
Que conste que la primera entrega que se hizo el año pasado en abril, si fue de este ministerio, en varias poblaciones que no tenían por qué darlas, ya que únicamente se debe repartir en 16 municipios y la capital. Sabemos que se dieron en otros departamentos para favorecer a candidatos.
L.H.: El monto de la tarjeta es de 250 quetzales ¿cómo se llegó al acuerdo de esa cantidad?
Es por la dieta que lleva la bolsa. Son 10 productos que contienen: una libra de leche en polvo, un cartón de huevos, cinco libras de pasta, diez libras de frijol, cinco libras de arroz, cinco libras de harina nixtamalizada, cinco libras de azúcar, 750 mililitros de aceite vegetal, un kilo de atol fortificado y una libra de sal.
La tarjeta se presenta con el DPI y la misma es personal e intransferible. Esta no tiene en la parte de enfrente una bandera, no posee logo, ni datos del Ministerio, para que no se haga publicidad y para que la gente sepa que «Guatemala somos todos» y que con una bandera nos identificamos.
Por aparte, están los productos que no se pueden adquirir: Bebidas alcohólicas, cigarrillos, chucherías, bebidas gaseosas, tiempo de aire, así como tampoco se puede cambiar por dinero en efectivo.
Si en dado caso alguna tienda realiza uno de estos canjes puede perder el beneficio de ser certificado y la persona que lo está solicitando, de igual manera, perderá el beneficio y se bloqueará esa tarjeta.
Se trabaja además en conjunto con la Diaco para evitar que las abarroterías eleven los precios de los alimentos.
Cabe resaltar que el POS (máquina en donde se procesa el cobro al tarjetahabiente) no solo sirve para la tarjeta del ministerio, sino para cualquier cliente que desee realizar alguna compra en estas tiendas.
L.H.: ¿Cómo se explica la baja ejecución del Mides?
Se tuvo durante varios meses. De todos es sabido el problema económico que se tuvo en todo el primer cuatrimestre de este año; sin embargo, ahora se tiene una ejecución presupuestaria que está terminando a fin de mes, con un 37.45 por ciento. Esto ya es significativo. Es estar en una dimensión arriba de muchos ministerios, ya que se comenzaron a ejecutar programas sociales.
L.H.: ¿Ya se ha desembolsado dinero para algún programa social?
Sí, Q125 millones, que era el 60 por ciento de lo que se quedó debiendo el año pasado del bono condicionado de salud y educación, se empezarán a entregar a partir del 4 de julio, también en Banrural a nivel nacional. Aquellos que no recibieron el 40 por ciento inicial, esta vez recibirán un 60 por ciento.
L.H.: El presidente Morales dijo que la reducción de la pobreza es una prioridad del Gobierno, pero no parece estar buscando más fondos para el Mides. En cambio, se han priorizado financieramente carteras como Comunicaciones y Defensa ¿Qué piensa al respecto?
Las prioridades del presidente están muy bien marcadas y se basan en salud y educación. De ahí viene, en tercer o cuarto lugar el Mides, ya que se le asignó Q197 millones más para el plan operativo anual del 2017. Esto es significativo, a pesar de que el país ha estado con problemas económicos. No era lo que se necesitaba, pero se deberá amoldar a lo que el Gobierno está asignando. Será aproximadamente Q1 mil 200 millones de quetzales para el 2017, que viene siendo como el 3 por ciento del Presupuesto General de la Nación.
