Juan Antonio Mazariegos G.

Para cualquier tipo de organización resulta de primordial importancia la distribución y asignación de funciones que deben realizar las diferentes personas o entes que la conforman. Cuando pensamos en la función pública de un Estado cualquiera, entendemos que para su correcto desempeño y desarrollo es indispensable una asignación de actividades a realizarse de manera específica por las distintas entidades que componen a ese Estado, de esa cuenta, el Estado de Guatemala, por ejemplo, se organiza constitucionalmente en tres organismos distintos, con funciones determinadas, no delegables e intransferibles entre cada uno, legislar, juzgar y administrar.

De igual manera, dentro de cada uno de los organismos del Estado se establecen divisiones de funciones a efecto de que cada Ministerio, Dirección, Secretaría, Municipalidad o cualquier otra entidad pública pueda contar con funciones específicas que atiendan las necesidades de la población a las que se debe el Estado.

Sin embargo, en Guatemala sufrimos de deficiencias y enormes vacíos en la administración pública, lo cual comúnmente se transforma en vacíos de poder que son llenados por grupos interesados en aprovechar esas deficiencias. De igual manera sucede en Nuestro País que entidades del Estado que no tienen bajo su normativa o cargo determinada función, interfieren o realizan las funciones de otro organismo y de esa cuenta nos topamos con un alcalde que hace las veces de policía, un ejército que repara caminos o un Congreso que prioriza la ejecución de obras públicas y así un sinnúmero de ejemplos que no reflejan nada más que la enorme ineficiencia del Estado para organizarse y que cada entidad se dedique a aquello que le corresponde.

Por supuesto que es positivo que los inquilinos de un mercado se sientan cuando menos por un tiempo más seguros o que niños de escuelas públicas reciban escritorios, sin embargo, el Estado debe tener la capacidad de organizarse y cubrir las necesidades como esas u otras, con las entidades designadas para tal efecto, no hacerlo de una manera ordenada solo transforma obligaciones en actos de bondad e incrementa la disfunción de un Estado que no precisamente puede presumir de eficiente.

Jimmy Morales llegó al gobierno sin un equipo de trabajo, es natural que se plegue a la organización y estructura que le ofrecen instituciones como el ejército para llenar las necesidades que enfrenta. Sin embargo, no se hace un favor, ni nos hace un favor a los ciudadanos, su deber es fortalecer las instituciones, no debilitarlas, a través de restarles las obligaciones y funciones específicas que les corresponden.

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