Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Una de las consecuencias más visibles de las acusaciones que ha formulado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público contra distintos personajes de los que históricamente estaban protegidos por el manto de la impunidad debido a su condición social es el interés que distintos sectores han puesto en diversas situaciones que constituyen serias anomalías históricas de nuestro sistema legal y de la administración de justicia, pero que no tenían relevancia cuando quienes las sufrían eran miembros de pandillas o integrantes de lo que se conoce como lumpen social, pero que alcanzaron enorme notoriedad cuando afectaron a sindicados de cuello blanco.
El hacinamiento de las prisiones es uno de los problemas que constituyen una grave violación de los derechos de todos los detenidos porque esa condición alienta la existencia de redes criminales que mantienen el control de los presidios y les permiten extorsionar a los reclusos para la asignación de algunos privilegios, la cual no depende de las autoridades, sino de las redes de internos que mantienen el más eficiente control de cada una de las cárceles.
En La Hora hemos publicado hace muchos años trabajos sobre esa especial condición de nuestro sistema carcelario, aún en épocas cuando prácticamente el cien por ciento de los reclusos eran del tipo de gente que la opinión pública considera que no tienen mayores derechos por su condición de “criminales”, calidad asignada aunque no hayan enfrentado un juicio, lo que nos lleva al otro punto, el de la condición de inocente de cualquier persona hasta que no se haya probado lo contrario.
Si una persona es capturada en la zona 18 y enviada a prisión preventiva nadie, absolutamente nadie, abogará por ella y por su condición de inocente. Hay muchísima gente que muestra su indignación por el gasto que tiene que hacer el Estado para darle de comer a los reclusos de las cárceles porque, dicen, eso es un mal uso de los recursos que debieran servir para atender a la gente decente, pasando por alto que una parte inmensa de la población de los presidios no ha recibido condena.
Nos preocupa ahora la forma en que se alargan los procesos y se incumplen los plazos legales y hay idiotas que hasta dicen que debieran de individualizarse los casos en vez de juntar a todos los implicados en un crimen para ser juzgados en la misma cuerda. Los proceso en Guatemala son eternos, y si no véase el Caso Siekavizza que al cumplirse cinco años de la desaparición de Cristina se encuentra atrapado en medio de una serie de recursos interpuestos para entorpecer el avance de la justicia.
De no ser porque ahora hay amigos y socios metidos en la cárcel, muchos juristas seguirían sin tocar los temas relacionados con los problemas estructurales de la administración de justicia que han afectado a miles de personas a lo largo de muchas décadas sin que nos inmutemos como sociedad ni hagamos algo para corregirlos.
Ojalá que ahora que muchos se dieron cuenta de cómo es que de verdad funciona el sistema judicial, se haga algo para aplicar correctivos que beneficien a todos y no sólo a los de la foto.
