POR MARIELA CASTAÑÓN
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El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), realizó entre enero de 2015 a marzo de 2016, 5 mil 915 evaluaciones médicas por delitos sexuales a niñas que oscilan entre 3 y 17 años, mientras que el Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), registró en el mismo periodo de tiempo más de 107 mil nacimientos de bebés en madres que tienen entre 10 a 19 años.
*Rosario tiene 13 años y es originaria de Nebaj, Quiché. La niña está embarazada, producto de una violación sexual y enfrenta problemas de salud.
Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, explicó recientemente que el centro asistencial brinda atención médica a Rosario, que hasta el pasado 17 de junio tenía 28 semanas de gestación y padecía de una cardiopatía, es decir tiene problemas en el corazón.
De acuerdo con Soto, se determinó que el bebé de la niña está bien, pero se prevé que el parto sea por medio de una cesárea.
Inicialmente había trascendido que la niña tenía diez años, pero se constató que no y que la confusión se originó porque ella fue inscrita en el Registro Nacional de las Personas (Renap) cuando tenía 3 años. Los padres de la menor explicaron que la edad cronológica es de 13.
Por otro lado, Soto dijo que el caso es acompañado por la Procuraduría General de la Nación (PGN), lo cual fue confirmado por Harold Flores, procurador de Niñez y Adolescencia de esa instancia.
Según Flores, la niña fue víctima de una violación sexual por parte de su cuñado, quien ya fue detenido, en tanto, ella permanece en un hogar mientras da a luz.
“La PGN pidió los procesos de protección y el Ministerio Público (MP) inició con el proceso penal del sindicado, quien ya se encuentra privado de libertad. La niña está en abrigo provisional en uno de los hogares de Guatemala, mientras llega el momento de dar a luz”, indicó Flores.
El entrevistado agregó que la menor fue traída a la capital porque presenta problemas de salud que no están relacionados al embarazo. En el Hospital de Quiché no había condiciones para atenderla.
MÁS DE 5 MIL VIOLACIONES
El Inacif realizó entre enero de 2015 a marzo de 2016, 5 mil 915 evaluaciones médicas por delitos sexuales. El mayor número de afectadas son adolescentes entre 13 a 17 años. (Lea el recuadro rango de edad de las niñas).
Por otro lado, el Osar documentó en el mismo periodo de tiempo, un total de 107 mil 738 registros de bebés en el Renap, de madres que tienen entre 10 y 19 años.
Los datos detallan que en 2015 se registraron 86 mil 629 y hasta marzo de este año, 21 mil 109, para hacer el total de 107 mil 738.
De acuerdo con Mirna Montenegro, representante del Osar, estos datos se obtuvieron por medio del Renap y el monitoreo que realizan, en tanto, la profesional destacó que en algunos casos las jóvenes madres esperan un poco de tiempo para registrar a sus hijos.
“No todas las adolescentes inscriben a sus bebés en el momento del nacimiento, algunas comunidades esperan que se logre el bebé para sentar la partida –de nacimiento– para hacer la inscripción, pero ese porcentaje tampoco es muy alto. Estamos viendo que incrementan los nacimientos en madres adolescentes”, explicó.
CONSECUENCIAS Y ESTRATEGIAS
El Osar ha reiterado que el embarazo en menores de 15 años y la violencia sexual pueden provocar problemas de salud pública y de derechos humanos.
Según esa instancia, esos delitos contra niñas y adolescentes generan consecuencias físicas, mentales y sociales. Los vínculos entre la maternidad temprana y la pobreza deben considerarse en dos aspectos, por un lado la maternidad en la adolescencia obstaculiza la continuidad escolar y reduce las oportunidades de reinserción laboral en condiciones que permitan los recursos necesarios para el desarrollo de sus hijos, por otro lado, la condición de pobreza suele significar ausencia de oportunidades y limitaciones para la construcción de proyectos de vida, distintos a la maternidad como destino principal de la mujer.
Representantes del Osar explican que para evitar o disminuir los embarazos en adolescentes se requiere de una política pública que incluya varias estrategias como la educación integral de la sexualidad en el sistema educativo público y privado, así como en las comunidades donde la cobertura escolar es baja.
También destacan que es necesario que existan servicios integrales de salud sexual y reproductiva exclusivos para adolescentes, asimismo, que haya intervención jurídica y persecución del violador, además, apoyo psicológico y social para reparar el daño en la víctima.
*Nombre ficticio para resguardar la integridad de la niña.
