Buenos Aires
DPA
La Justicia argentina decidió profundizar diferentes investigaciones que involucran a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), a su familia y a varios funcionarios que la acompañaron en su gestión al frente del país.
El juez federal Julián Ercolini anticipó hoy que «la próxima semana» resolverá un pedido realizado por la Fiscalía para levantar el secreto fiscal del que goza la exmandataria, acusada de una presunta maniobra de lavado de dinero por medio de una empresa propietaria de hoteles en la Patagonia argentina.
«El fiscal (Gerardo Pollicita) está trabajando muchísimo en esto y abriendo varias líneas de investigación para lograr probar esa denuncia tan grande que se hizo», dijo Ercolini en declaraciones a radio «Mitre», de Buenos Aires.
La investigación busca conocer el crecimiento patrimonial de la ex jefa de Estado argentina, pero también del fallecido esposo y expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de los hijos del matrimonio, Máximo (actualmente diputado nacional) y Florencia.
La causa también tiene involucrados a dos empresarios que fueron cercanos a los Kirchner durante los doce años de gobierno: Lázaro Báez, que está detenido por otro presunto caso de lavado de dinero, y Cristóbal López.
Según publicó hoy el diario «La Nación», el juez Ercolini y el fiscal Pollicita investigan si por medio de la empresa «Hotesur», dueña de varios hoteles en la provincia de Santa Cruz, se realizaron operaciones de lavado de dinero en las que habrían estado involucrados los Kirchner, Báez y López.
La Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo gubernamental, pidió ayer la detención de los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez tras hallar en Suiza cuentas bancarias con depósitos cercanos a los 25 millones de dólares.
La UIF quiere saber si tanto Báez como López, empresarios que tuvieron a su cargo varios proyectos de obra pública durante el anterior gobierno, pagaron alquileres de habitaciones a la sociedad «Hotesur» aunque no fueran ocupadas efectivamente.
«El objetivo es llevar a la expresidenta ante la Justicia», afirmó hoy el diario «Perfil».
En un mensaje publicado en Facebook, la exmandataria aseguró que es víctima de una «persecución ideológica» y un «hostigamiento mediático», que las causas judiciales en su contra están «armadas» y «se dan de patadas con la Constitución, los Códigos y los más elementales derechos y garantías de cualquier ciudadano».
«El kirchnerismo no tiene que victimizarse, tiene que dar explicaciones frente a la sociedad de lo que hicieron en estos 12 años», respondió el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
En tanto, un departamento y una chacra (granja) del actual diputado y ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, fueron allanados por la policía tras una orden de la Justicia, que investiga su presunto enriquecimiento ilícito.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia en diciembre pasado, no solo avanzaron las causas contra una docena de ex funcionarios sino que también se conocieron escándalos ligados a la corrupción y el espacio político kirchnerista entró en crisis.
El ex secretario de Obras Públicas José López, que estuvo doce años en la gestión kirchnerista, fue descubierto la semana pasada cuando intentaba ocultar nueve millones de dólares en un convento en los suburbios de Buenos Aires.
