POR ACISCLO URÍZAR
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Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional sobre Centroamérica, explicó que el estudio de impacto ambiental realizado previo a otorgar licencias a empresas mineras tiene faltas fundamentales. Se le hace ver a las personas solo los beneficios de la minería, pero lo ideal sería que muestren también los posibles riesgos o efectos negativos que esta actividad conlleva, y luego de ello consultar a las comunidades si a pesar de esos riesgos aceptan la minería, concluyó.
Por su parte Tara Scurr, responsable de campaña sobre Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Canadá, manifestó que las empresas canadienses juegan un papel muy importante en Guatemala, tomando en cuenta que la mayoría de mineras que están en el país son originarias de Canadá.
Por consiguiente, este tema debe ser abordado por ambos gobiernos, puesto que deben asumir sus responsabilidades y velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas afectadas, añadió la experta.
En tanto, Elgueta, reconoció que existe desinformación en los estudios de impacto ambiental, ya que este no es del conocimiento de la mayoría de la población, además de la existencia de barreras de comunicación
“El estudio no es conocido por los comunitarios, les dan veinte días para comentar un documento de hasta 2 mil páginas y algunos fragmentos están escritos en inglés”, refirió.
Según los expositores, el gobierno pretende realizar reformas a la Ley de minería en detrimento de las comunidades, porque pretenden reducir de 20 a 10 días el plazo para que los comunitarios puedan mostrar oposición a estos estudios ambientales.
Por otro lado, Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional, manifestó sentirse preocupado por los sucesos acontecidos ayer en los cuales dos periodistas de un medio escrito fueron supuestamente maltratados y agredidos por guardaespaldas de la vicepresidencia, asimismo, por la aprehensión de una periodista en la región Chortí de Chiquimula. La organización espera que las autoridades aseguren una investigación imparcial de los hechos y que los resultados sean puestos al conocimiento público.
Para finalizar, los especialistas indicaron que el gobierno de Guatemala debe basarse en normas internacionales en materia de derechos humanos para promover la consulta.
